La eliminación de las paguitas, la mejora de la productividad y de las condiciones laborales mejoraría de forma notable las cifras del paro y evitaría la fuga de talento joven a otros países.

La gira de los países subsaharianos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha provocado numerosos titulares, entre los que destacan en el compromiso de España para regularizar a 250.000 personas en los próximos años, procedentes, legalmente, de estos países subsaharianos. Este anuncio parece a todas luces una contrapartida para que estos países “reciban” a los inmigrantes ilegales que han entrados por distintos medios en España. No nos engañemos, las repatriaciones cuestan dinero no solo en el trayecto, sino que hay que “incentivar” a los países de origen de la inmigración para que vuelvan a recibir a sus compatriotas.

Lo llamativo del anuncio de nuestro presidente, es el compromiso de acoger una inmigración “legal” cuando España tiene actualmente 3,5 millones de personas sin empleo que reciben algún tipo de subsidio. Desde el gobierno se defiende que existen puestos de trabajo “que no se cubren”, cuando la solución sencilla pasaría por eliminar la transferencia económica que reciben los desempleados si éstos rechazan consecutivamente varias oportunidades laborales. De esta manera, el erario se beneficiaría de una mayor eficiencia porque:

No tendría que sufragar la compra de voluntades a países subsaharianos y
Se dejarían de abonar subsidios a ciudadanos que no tienen intención ninguna de trabajar, con el consiguiente beneficio para el interés general.

En España hay más de 700.000 vacantes de empleo sin cubrir debido al freno que suponen las paguitas a los desempleados, que rechazan de forma reiterada ofertas de empleo

Los “programas de migración circular” que promueve el Gobierno de España con la contratación de trabajadores extranjeros choca con la realidad del mercado laboral español. En España existen cerca de 120.000 puestos de trabajo que tienen dificultad para que sean cubiertos (agricultura, ganadería, restauración y hostelería mayoritariamente) y más de 600.000 en el sector de la construcción. En algunos casos, estos puestos de trabajo no se pueden cubrir porque los salarios que se ofrecen están muy próximos a las subvenciones que reciben los trabajadores por no trabajar, por lo que prefieren quedarse en casa. En otros casos, como la construcción, la agricultura o la ganadería, el problema es que no se aceptan trabajos con esfuerzo físico, aunque el nivel de retribución sea bastante más elevado que la “paguita”. En ambos casos, si se eliminaran las subvenciones a los desempleados que rechazaran algunos de estos trabajos, se eliminaría de raíz el problema.

Foto. España exporta mano de obra cualificada y recibe, mayoritariamente, inmigrantes sin cualificación y sin posibilidad de trabajar por no tener papeles ni formación

Existe una inmigración legal cualificada, necesaria, que es la que aporta valor en España. Pero, curiosamente, esta inmigración viene a cubrir los puestos de trabajo que dejan vacantes los profesionales universitarios que el sistema español ha formado y se han ido a otros países europeos con mayores oportunidades y mejores condiciones laborales (ingenieros, médicos, enfermeros, etc.). España forma y otros países se benefician de la formación, por lo que la inversión en educación se pierde. La única esperanza es que éstos expatriados o exiliados económicos vuelvan a España para tratar de luchar con su experiencia contra la realidad que los llevó a salir de su país.

Durante 2023 se otorgaron cerca de 245.000 autorizaciones de trabajo en España, más del doble que las 116.000 autorizaciones concedidas en 2018, cuando el actual Gobierno inició su primer mandato. Marruecos es el país de cual proceden el mayor parte del número de autorizaciones concedidas. Ante estas cifras, el Ministerio de Seguridad Social esgrime que “la inmigración es clave para sostener el sistema de pensiones”, así como que la mano de obra es una herramienta para “resolver el problema de vacantes” que sufre España.

La paradoja de la inmigración en España consiste en que se permite la entrada de miles de personas que no pueden trabajar, por falta de papeles y de formación, y terminan viviendo peor que en sus países, sin futuro y sin esperanza

En datos del Banco de España, organismo independiente, se tendrían que triplicar el número de inmigrantes actuales para sostener las pensiones con las jubilaciones masivas de la generación babyboom. Según el Banco de España, tendría que haber 37 millones de inmigrantes para que las pensiones fueran sostenibles; por poner en contexto, actualmente España tiene 48 millones de habitantes.

Además de las pensiones y de los salarios, España tiene otros problemas en su tejido productivo: la productividad laboral. Y es que las citadas paguitas, el absentismo laboral, unido a la rigidez en la contratación en España hacen que la productividad del país se resienta. La Comisión Europea ha advertido a España sobre “la dificultad de las PYMEs para escalar su negocio”. La productividad en España se encuentra aún por debajo de los máximos alcanzados en 2009 y por ello la Comisión Europea incide en que España debe “subsanar las deficiencias en legislación laboral y aumentar la eficiencia judicial”.

La Unión Europea ha advertido a España de la necesidad de mejorar la productividad, que se encuentra por debajo de los máximos alcanzados en 2009

Con este panorama, lo lógico sería que aumentaran los datos de desempleo ante los problemas que atraviesa España. Para maquillar estas cifras el Gobierno tiene dos estrategias:

Contabilizar a los fijos discontinuos como empleados y
La contratación del sector público.

Es decir, para el análisis de empleo hay que añadir los aproximadamente 750.000 fijos discontinuos en España, lo que nos lleva a los 3,5 millones de personas desempleadas. Sobre el empleo desarrollado por las administraciones públicas, ha crecido un 11% desde niveles de pandemia, frente al 8,7% de crecimiento del sector privado. Recordemos que es el sector privado el que tiene que financiar al público, por lo tanto, si existe una contracción en el sector privado, el sector público tiene que reflejarlo.

La receta es sencilla: evitar la fuga de talento joven, flexibilizar el mercado laboral, eliminar las “paguitas” y restringir los permisos de trabajo

En definitiva, es indudable que la inmigración es necesaria para España. Pero antes hay que solucionar una serie de problemas estructurales como:

Evitar el exilio de la juventud española por no tener oportunidades,
Flexibilizar el mercado laboral para que no existan ineficiencias,
Eliminar las transferencias públicas a desempleados que rechacen un empleo si una causa justificable y
Restringir las autorizaciones para trabajar en España si ese puesto de trabajo puede ser cubierto por un nacional.