Los agricultores sufren las consecuencias de las cada vez mayores imposiciones y obligaciones impuestas por las administraciones públicas.

He leído y escuchado estos días varias reflexiones en torno a las causas que han provocado las movilizaciones de los agricultores europeos. La mayoría, en alusión a las protestas de nuestros vecinos franceses, hacían referencia a un presunto trato de favor o competencia desleal por parte de sus colegas españoles e italianos. Otras hablaban de la desigualdad en cuanto a las exigencias medioambientales que debían cumplir lo productores de la Unión Europea respecto a los de otros países. Y también asomaba por ahí el injusto trato al que son sometidos los agricultores por parte de las grandes superficies comercializadoras. Y seguramente hay algo de razón en todas ellas. Pero a mí, que por lo general me gusta simplificar e ir al meollo de la cuestión, me da que la razón última de lo que está pasando con nuestro sector primario, tiene mucho que ver con lo que sufrimos el resto de los empresarios y autónomos de este país. Que no es otra cosa que el hecho de que nos fríen a imposiciones y obligaciones.

Salvar un negocio es hoy más difícil que nunca porque una parte importantísima de lo que deberían ser beneficios se van en impuestos, cuotas y obligaciones de pago.

Son muchos los emprendedores y productores de este país a los que ahora mismo nos les funcionan sus negocios y no saben muy bien por qué. No es desde luego por falta de esfuerzo ni de motivación. Pero las cuentas no les cuadran. Y es imposible que les cuadren porque, al margen de supuestas competencias desleales o de exigencias comunitarias, salvar un negocio es hoy más difícil que nunca porque una parte importantísima de lo que deberían ser beneficios, que después redundasen en una mejora y mayor proyección de la empresa, se van en impuestos, cuotas y obligaciones de pago.

Y les pongo un ejemplo de lo más común. Si usted compra un vehículo nuevo como particular, no deberá pasar la ITV hasta que cumpla los 4 años. Pero si usted compra un vehículo comercial deberá pasarla a los dos años. ¿Qué pasa, que vienen peor fabricados? ¿O es que creen que con dos años de servicio la furgoneta ya está para el desguace? En fin, era solo un ilustrativo ejemplo de cómo se penaliza a empresarios y autónomos, entre los que hay miles de agricultores. Y con ejemplos como este, por desgracia, nos topamos con muchísimos más en el cotidiano desempeño de nuestras actividades.

A partir del respeto al principio de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cualidad fundamental de la democracia representativa, podremos hablar de muchas cosas, pero sin ponerlo nunca en cuestión, que es algo que creo que se está haciendo ahora.

Y no quiero finalizar sin antes hacer otro apunte al que ya me he referido en reiteradas ocasiones en esta misma sección. Pero es que no salgo de mi asombro. Un asombro que cada vez es mayor. Sigo sin dar crédito a cómo nuestros políticos, una buena parte de la sociedad e incluso los mandatarios de la Unión Europea que median para que se lleva a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no son capaces de entender (o no quieren hacerlo) que la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa. Y esa es, por tanto, una cuestión no sujeta a debate.

A partir del respeto a ese principio de independencia podremos hablar de muchas cosas, pero sin ponerlo nunca en cuestión, que es algo que creo que se está haciendo ahora.

A no ser, claro, que quienes lo hacen propugnen otras formas de gobierno. A lo mejor prefieren una monarquía absolutista o una dictadura. Pero sí convenimos que, aún siendo imperfecta, la democracia representativa es la menos mala de las formas de gobierno, no podemos saltarnos por la brava su principio fundamental.