Lo que los gallegos llevamos pidiendo desde hace décadas es el fin de los peajes a la movilidad.
No diré, a estas alturas, que me ha sorprendido el anuncio del incremento de los peajes de las autopistas autonómicas gallegas, porque era algo que se veía venir. Ya saben aquello tan infantil del premio y el castigo. Del por un lado te doy, pero por otro te lo quito.
A eso es a lo que parece que ha estado jugando la Xunta de Galicia. Un día nos vende el rescate, con un desembolso de 297 millones, de cuatro autovías autonómicas adjudicadas en régimen de concesión (O Salnés, O Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión) y al día siguiente nos anuncia que a partir del 1 de enero subirá los peajes de las dos autopistas que son de su titularidad (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona). “Alá vai a ganancia”, que decía mi abuela.
El 1 de enero se incrementaron los peajes de las autopistas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona
Como tantas y tantas veces ocurre, este incremento de los peajes va en la dirección radicalmente contraria a lo que la sociedad gallega reclama y necesita. Lo que los gallegos llevamos pidiendo desde hace décadas es el fin de los peajes a la movilidad. Y me da igual que la autopista en cuestión sea de titularidad parroquial, autonómica o intercontinental. Galicia tiene que dejar de ser, de una vez por todas, la única comunidad española en la que todas sus autopistas son de peaje. Una discriminación que está generándonos graves consecuencias.
La primera es el elevado índice de siniestralidad en carretera que padecemos. Un índice que supera en más de dos puntos la media del Estado. A nadie se le escapa que, si liberamos de peaje nuestras autopistas, esa siniestralidad se reducirá de inmediato, porque, como revelan las estadísticas, la mayoría de los accidentes mortales se producen en carreteras secundarias.
Galicia tiene que dejar de ser, de una vez por todas, la única comunidad española en la que todas sus autopistas son de peaje
La segunda, y no menos importante, consecuencia tiene que ver con la merma de nuestro nivel de competitividad. Reconocía la semana pasada el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que Galicia no convergerá en cuanto a renta per cápita con el resto del Estado hasta el año 2030. Eso, en el contexto más optimista de los posibles. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que si tenemos una renta menor y por encima tenemos que soportar gastos como el peaje a la movilidad, que en otras comunidades no existe, los gallegos somos menos competitivos.
Los peajes influyen negativamente en la siniestralidad y en la menor competitividad de Galicia
Solo esas dos razones, la tasa de siniestralidad y la pérdida de competitividad deberían ser más que suficientes para que la administración autonómica tomase este toro por los cuernos y nos equiparase con el resto del territorio español. Pero no advierto esa voluntad en nuestros dirigentes sino más bien la contraria. Como prueba el hecho de que se rechace, en base a cifras irreales, el rescate de la autopista privada por la que pagamos un sangrante peaje, o que se incremente el costo de transitar por las que son de titularidad pública.
Día sí y día también, vemos como proyectos empresariales, en algunos casos muy arraigados a esta tierra, abandonan Galicia y se asientan en otras comunidades, en las que reciben más facilidades o en las que se les ponen menos impedimentos. Si además de estar en el “fin de la tierra” tenemos que pagar peajes por desplazar nuestras mercancías, ¿a quién vamos a atraer? Piénsenlo así. Por el bien de todos.
