Galicia cuenta en la actualidad con 359.479 viviendas vacías, pero sólo el 28% de ellas, 100.654, se encontrarían en perfectas condiciones de habitabilidad, según un informe de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias. Si trasladamos las estadísticas a la provincia de A Coruña nos encontramos que de las 138.079 viviendas que hay deshabitadas, sólo 38.662 presentarían las condiciones idóneas para vivir en ellas. Con todo, si el parque inmobiliario de vivienda vacía de Galicia estuviera en el mercado, el precio del alquiler se reduciría ostensiblemente.

Una de las causas principales que llevan al propietario de una vivienda vacía a mantenerla cerrada, en lugar de ponerla en alquiler, es el temor a las okupaciones. De hecho, la Ley de Vivienda aprobada la pasada primavera parece defender más al inquiokupa que al propietario del inmueble, por eso es hasbitual que cada vez más inquilinos dejen de pagar el alquiler, sobre todo cuando tienen una situación calificada de vulnerabilidad, y se convierten en okupas.

Así, ante la falta de vivienda en el mercado, no es de extrañar que en los últimos cuatro años el precio medio del alquiler en Galicia haya subido más del 20%, lo que unido a la galopante inflación que hemos sufrido, aún elevada, hace que las economías familiares cada vez se resientan más y tengan más dificultades para afrontar el alquiler de la vivienda.

Si tenemos en cuenta que hoy, el precio medio de alquiler de un piso de 100 metros cuadrados asciende a 800 euros al mes y el salario medio se sitúa en 1.420 euros al mes, la vivienda se ha vuelto prácticamente inaccesible para buena parte de la población. De ahí que cada vez sea más frecuente compartir pisos o alquilar habitaciones, a pesar de estar trabajando y tener un sueldo. Y es que una familia en la que sólo un miembro tenga ingresos, tiene que destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda

Una posible solución a este problema sería implementar políticas y medidas para proteger a los propietarios y garantizar que puedan alquilar sus viviendas de manera segura. Esto podría incluir la creación de un registro de propiedades desocupadas y la implementación de medidas legales más estrictas para abordar las ocupaciones ilegales.

También se podrían establecer incentivos fiscales para los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler y se podrían promover programas de apoyo a los inquilinos para facilitar el acceso a una vivienda. Con estas acciones, se podría fomentar el mercado de alquiler en Galicia y contribuir a reducir el precio del alquiler.

Si los ayuntamientos liberan suelo para la construcción de nuevas viviendas, tanto en régimen de alquiler como en propiedad, contribuirán a aumentar la oferta de viviendas, ejerciendo presión a la baja sobre los precios y haciendo que la propiedad sea más accesible para una parte significativa de la población.

Está claro que lo que es una responsabilidad compartida de todos los gobiernos (estatal, autonómicos y locales), como es la de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, la han diferido a los propietarios de inmuebles, algo que resulta inadmisible en cualquier país de nuestro entorno, a juzgar por sus legislaciones en esta materia.