A finales del mes de septiembre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió la implantación de una jornada laboral de 35 horas y negociar un nuevo acuerdo salarial. Al comentar éstas noticia comenzaron los chascarrillos en relación con la baja productividad media del funcionario español y también debido a que son los únicos, junto a los pensionistas, que han mantenido su poder adquisitivo durante éstos últimos años. Pero la realidad es otro bien diferente.

En su presentación, el CSIF enunció la “eliminación de la tasa de reposición” promoviendo plantillas “adecuadas a las necesidades”. Para planificar estas necesidades “se necesitan planificaciones plurianuales a varios años de empleo público”. Si bien es cierto que hay funcionarios ociosos que se jactan de pedir bajas, disfrutan de una hora de desayuno o van de compras en horario laboral; hay otros con plantillas mermadas que están sobreexplotados laboralmente, puesto que existe un desajuste entre la plantilla y las necesidades ciudadanas.

Por un lado, tenemos el caso de los funcionarios administrativos; cuyas tareas podrían ser fácilmente remplazables mediante procesos telemáticos. Sus procesos administrativos ya se han agilizado hasta tal punto que disfrutan de períodos ociosos en los que no son productivos. Como solución a este problema figura la implantación de objetivos diarios, que solo su cumplimiento implica la finalización de la jornada laboral. Esto implicaría que los trabajadores más productivos podrían salir antes de trabajar mientras que los trabajadores menos productivos verían alargada su jornada. Al ver los segundos los beneficios productivos que disfrutan los primeros, estarían alineados en aumentar su productividad, generando un círculo virtuoso.

Por otro lado, tenemos el caso de funcionarios como maestros, sanitarios o policías; cuyas plantillas no están preparadas ante los cambios demográficos de la población. La natalidad se está moviendo de los núcleos rurales hacia las ciudades, por lo que hay aulas más llenas. Ese movimiento demográfico impacta también en los servicios de salud y seguridad, que tienen que ampliar sus plantillas para dar soporte a las nuevas necesidades.

¿Pero cuál es el problema? La llamada “tasa de reposición”. Pongamos el ejemplo de la policía municipal en Coruña. En los próximos años se jubilará una + parte importante de los efectivos actualmente en plantilla, ante eso se ha prometido una tasa de reposición del 125%; es decir, que por cada 4 policías municipales que se jubilen, entren al cuerpo 5. El problema viene porque ésta tasa de reposición no tiene en cuenta jubilaciones anteriores ni los nuevos protocolos de teleasistencia que quitan a efectivos de las calles.

También el problema viene en lo que enuncia el CSIF como “la necesidad de planificaciones plurianuales a varios años de empleo público”. España es el país de la Unión Europea que más políticos profesionales tiene, con el mayor número de gabinetes ejecutivos (Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, Comunidades Autónomas y Gobierno Central) que implican salarios públicos. Se dan casos, en Coruña sin ir más lejos, en el que el presupuesto realizado para un ejercicio no se ejecuta en su totalidad. Si un gabinete de Gobierno no es capaz de ejecutar un presupuesto ¿de qué sirve elaborar un presupuesto? Y, en segundo término ¿qué interés hay en realizar planes estructurales que vayan más allá de la legislatura corriente?

Desde el CSIF se enuncia que en España faltan unos 400.000 funcionarios. A priori esta cifra puede parecer chocante porque a menudo se cofunde funcionarios con empleados con sueldos públicos (personal fijo, temporales y plazas de libre designación). Estos cargos, a menudo colocados por el partido político que toque, son el verdadero lastre de la función pública en España.

Por finalizar, habría que realizar una reforma importante. La eliminación de la figura del funcionario. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aprobar una oposición te dé derecho a ser intocable durante toda tu carrera laboral? El funcionario tiene que estar sujetos a exámenes médicos facultativos (para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) y a exámenes de productividad periódicos para el personal administrativo. La figura del funcionario como tal viene del s.XIX para evitar la rotación y corrupción de los empleados públicos. Dos siglos después esta idea está desfasada y la corrupción se ha actualizado a los tiempos que corren.

En definitiva, la madeja de lo público está muy enredada. Incluso este enredo parece que estuviera perfectamente planificado. Pues para solventar un problema aparecen otros de mayor calado, lo que propicia que nadie pueda meterle mano a la “cosa pública”. Desde luego tenemos dos opciones: o somos valientes y tratamos de solventar los problemas ahora de una manera progresiva, o vendrá una crisis que dejará a millones de personas en la calle cuando el día anterior pensaban que eran intocables.