Los datos de la Encuesta de Fuerza Laboral (Labour Force Survey) desvelan que España se posiciona como líder de la eurozona en el aumento del número de funcionarios. Según Eurostat, el número de personal funcionario de carrera se disparó en 95.800 personas en 2022, esto es, un 7,12% más que en el año 2021.

Se trata de un incremento que contrasta con la tónica del resto de países que utilizan la moneda única. Por ejemplo, en Francia aumentaron un 4,16% y en Italia un 2,63%, mientras que en Alemania, Bélgica y Portugal no sólo no aumentaron, sino que se redujeron un 7,03%, un 5,21% y un 5,8%, respectivamente. De hecho, España sólo se vio superada por Letonia, donde tuvo lugar un crecimiento interanual del 7,6%.

Por lo que respecta al empleo público donde, además de los funcionarios propiamente dichos también se incluyen el personal laboral y otras tipologías de personal, según información recogida en la Encuesta de Población Activa desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 el número de empleados públicos ha aumentado en 315.200 personas.

De este empleo público, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal, si atendemos a su tipología, un 53,36% es personal funcionario de carrera, un 22,30% es personal laboral y un 24,34% es otro personal. La radiografía del empleo público muestra que más de la mitad de los empleados públicos gozan de un puesto vitalicio que, inmune al nivel desempeño que la persona tenga en su puesto, se remunera a voluntad del político de turno y sin responder ni a criterios de mercado ni a la realidad económica que les rodea.

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Por otro lado, si la distinción se hace entre los distintos niveles de la Administración, nos encontramos con que un 59,21% de los empleados públicos presta servicio en el sector púbico de las Comunidades Autónomas, un 21,92% en el sector púbico de la Administración Local y un 18,87% en el sector público del Estado. Esta situación es un reflejo del proceso de descentralización que, además de dar lugar a ciertas duplicidades y redundancias, ha convertido la creación de empleo público en un instrumento político indispensable cuando se está en plena campaña electoral, ya sea a nivel central, autonómico o municipal.

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

A la vista de las cifras anteriores, pudiera parecer que el empleo público creado ha respondido a una necesidad real de trabajadores por parte de las distintas administraciones, pero lo cierto es que ya hace diez años la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) identificaba como un problema el elevado –y creciente– peso que el gasto en personal tenía sobre el conjunto del gasto público.

El citado informe, olvidado en el fondo de un cajón, planteaba un total de 217 propuestas de medidas dirigidas a simplificar los procedimientos adaptando nuevas tecnologías, reducir cargas administrativas a los ciudadanos y empresas y evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones.  Desde luego, una medida como la congelación de la oferta de empleo público y la no reposición de efectivos de forma generalizada colisiona frontalmente con “la mayor oferta pública de empleo de la historia” que el Gobierno pregonaba a los cuatro vientos.

Recientemente, haciéndose eco del proyecto impulsado en su día por la CORA, el Círculo de Empresarios ha elaborado junto a Equipo Económico un informe donde plantea que el redimensionamiento del empleo público mediante políticas de reposición podría suponer un ahorro de 11.600 millones de euros en las Comunidades Autónomas y 2.100 millones de euros en la Administración central.

No obstante, por desgracia, siendo el 2023 un año electoral, no se antoja un contexto propicio para reabrir el debate sobre la eficiencia de las administraciones, pues es poco probable –por no decir imposible– que un político presente dentro de su proyecto medidas encaminadas a reducir su margen de actuación renunciando a la baza de crear empleo público para comprar votos.

 

Florencia Malga