A partir de múltiples y diversos indicadores, el Banco Mundial ha analizado en su reciente publicación «Worldwide Governance Indicators» la capacidad que tienen los distintos gobiernos para formular e implementar políticas sólidas, así como el respeto de los ciudadanos y del Estado por las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales entre ellos.

En lo que respecta a la calidad regulatoria y el cumplimiento de la ley, según los datos últimos datos conocidos, el marco institucional español no sólo no está en línea con el promedio de países miembro de la Unión Europea, sino que en los últimos cuatro años ha ido perdiendo posiciones. Mientras que en el año 2018 ocupaba en el ranking de calidad regulatoria el puesto vigesimotercero de un total de 30 países, en la actualidad ha caído hasta la vigesimoquinta posición. Por otro lado, a pesar de que en lo que concierne a la seguridad jurídica, España continúe en el mismo lugar, es necesario destacar que dicha posición todavía se encuentra alejada de la media europea que se sitúa en el puesto decimoctavo de la lista.

Haciéndose eco de la literatura empírica de la economía, desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) –el organismo de estudios dependiente de la CEOE– en su último informe “Buenas prácticas regulatorias”, afirman que la calidad institucional de un país, en especial en lo tocante a la seguridad jurídica y a la adecuación del marco normativo, constituye un elemento decisivo en el desempeño económico a largo plazo y, por ende, en la creación de riqueza y en la generación de bienestar para la sociedad. Por lo tanto, la convergencia en términos de desarrollo económico y de renta per cápita con países como Finlandia, Dinamarca, Suecia y Alemania pasa –necesariamente– por la mejora de la calidad regulatoria y la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico español.

Según los datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en el año 2022, en España se aprobaron 849 nuevas normas estatales, acumulando un total de 38.349 desde el año 1977. Por su parte, las normas con rango de ley aprobadas por las Comunidades Autónomas en 2021 ascendieron a 340, sumando un total de 1.075.108 páginas publicadas en los respectivos Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. Pero ahí no queda la cosa, pues no debemos olvidarnos de la Unión Europea, la gran mole jurídica que acumula un total de 30.032 normas vigentes. Como se puede comprobar, el ordenamiento jurídico español posee de por sí una elevada densidad y complejidad, a la que hay que sumarle el problema que trae aparejada la superposición de las normas a nivel europeo, nacional, autonómico y local.

Además, el continuo vaivén y zigzagueo legislativo que se produce con cada cambio de gobierno, sumado a la sobreproducción normativa que se esconde detrás de la pulsión de cubrir todos los recovecos de la vida de los ciudadanos con normas y reglamentaciones de todo tipo, también contribuyen a que la seguridad jurídica termine brillando por su ausencia.

En definitiva, la maraña jurídica por la que transitan los ciudadanos y las empresas, fruto de una actividad legislativa tomada a la ligera y con escasa calidad técnica en ocasiones, lejos de lejos de facilitarles la previsión de las consecuencias de sus acciones y ayudarles a establecer planes con confianza, se erigen como un obstáculo infranqueable donde las cargas administrativas y los trámites burocráticos son la normalidad y no la excepción.