Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaba que la economía española había crecido un 5,5% en 2022, lo mismo que en 2021. A pesar de que este dato haya superado las previsiones del propio Gobierno (4,4%), del Banco de España (4,6%) y de organismos internacionales como el FMI (5,2%), es necesario tener en cuenta cómo se ha repartido este crecimiento a lo largo del año. Aunque los dos primeros trimestres se caracterizaron por un crecimiento robusto, la desaceleración económica que hoy atraviesa España ya fue augurada por las cifras de la segunda mitad del año donde el consumo de los hogares se desplomó un -1.8% y la inversión empresarial un -5,7%.

En cualquier caso, de prisa y corriendo, sorprendidos por lo inusual del dato y obviando que el maquillaje del gasto público es lo que en realidad ha enmascarado el deterioro de la producción, desde el Ministerio de Economía no perdieron la oportunidad de presumir del aparente logro y se apresuraron a defender que «en un contexto internacional de enorme incertidumbre, marcado por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la economía española ha mantenido una gran solidez y resiliencia». Sin embargo, el Gobierno parece ignorar que la economía española sigue sin recuperar el volumen de antes de la pandemia y que la renta por habitante ha disminuido 590 euros desde 2019.

Según Eurostat, el PIB por habitante en paridad de poder de compra ha pasado del 93% de la media europea en 2017 hasta el 85% en 2022, retrocediendo cinco puestos y ocupando la decimoctava posición, por detrás de países como Eslovenia, Chipre, República Checa, Lituania y Estonia. Si en el año 2019 la renta per cápita en España se situaba en 25.180 euros, tres años después y tras la irrupción de la crisis del coronavirus que lo redujo hasta los 22.210 euros, el PIB per cápita logró recuperarse hasta los 24.590 euros, pero sin alcanzar el nivel prepandemia.

Si el PIB per cápita es un indicador macroeconómico del nivel de vida de los habitantes que relaciona el PIB de un país y el número de personas que habitan en él, reflejando lo que, en promedio, cada ciudadano produce o genera, no parece un logro que la renta de los españoles haya experimentado una pérdida del -2,3% desde el 2019. En efecto, la riqueza de los españoles continúa alejada del dato que ofrecía antes de la pandemia en un contexto donde la práctica totalidad de los países de la Unión Europea han recuperado el nivel que tenían e incluso algunos como Irlanda lo han superado con creces.

Otros dos protagonistas del contexto económico actual que no pueden faltar en la ecuación del empobrecimiento de la población son la inflación y el aumento de los tipos de interés. En conjunto, la inflación y los altos tipos de interés podrían terminar de sepultar a los hogares españoles que, golpeados por una continua pérdida del poder adquisitivo, ahora tienen que hacer frente a unas cuotas hipotecarias que están al alza.

El presidente Pedro Sánchez ha llegado a afirmar que «necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior». No obstante, cabe preguntarse qué entiende el presidente por progresismo y estragos económicos, pues ha sido durante su mandato cuando, por primera vez después de sesenta años, la renta per cápita española ha dejado de converger con la media europea para comenzar a perder posiciones. Como consecuencia, España se ha convertido en el país más pobre que antes que la pandemia si lo comparamos el resto de los países de la Unión Europea.

Por desgracia, no es esta la única clasificación que España lidera por sus malos resultados, sino que lo mismo ocurre con otras magnitudes macroeconómicas como el desempleo. La tasa de paro en España se encuentra actualmente en el 13%, casi duplicando la media europea que se sitúa en el 7,6%, y la tasa de desempleo juvenil en el 29,6%, siendo la media europea del 16,5%.

Se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero en esta ocasión, comparar los datos económicos de España con los del resto de socios europeos se convierte en el antídoto contra las medias verdades que cada día salen de la Moncloa. Los condicionantes externos como la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de suministros, la inflación y la subida de tipos han sido comunes a todos los miembros de la Unión Europea, de modo que las diferencias entre países sí que pueden achacarse en parte a la gestión interna que cada Gobierno ha llevado al respecto. En el caso de España, parece que anunciar a bombo y platillo aquello de «Salimos más fuertes» no ha sido suficiente.

Florencia Malga