En las elecciones del pasado domingo ha quedado patente una clara voluntad de cambio en la gestión pública de los asuntos que realmente interesan a una mayoría y de los que hacen posible la convivencia.
Una segunda conclusión: el manifiesto giro a la derecha, que deberá realizarse mediante pactos entre los dos partidos que la forman.
Esos pactos deberían someterse a los principios de moderación recíproca y posibilismo de sus reivindicaciones. Uno y otro deberían recordar las expresiones populares “lo mejor es enemigo de lo bueno” y “el mejor acuerdo es el que no satisface plenamente a ninguna de las partes. Sus acuerdos serán tan legales como los llevados a cabo en la última legislatura y los cordones sanitarios no se cohonestan con la democracia, que se basa en el diálogo y la transacción.
La humildad y el realismo deberían imponerse en el PP, si quiere gobernar, y en Vox, si tiene verdadero interés en implementar algunas de sus propuestas.
Una tercera conclusión es la clara implicación de Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en la campaña; como consecuencia, cada uno debe asumir las consecuencias.
Díaz –“Sumar no va de partidos”- debe reconocer su fracaso y el de sus patrocinados; tal vez porque muchos de sus ex votantes se han enterado ahora de su opinión sobre la monarquía –“Si hubiéramos cortado la cabeza de un rey, nuestra historia hubiera sido distinta”- y sobre su modelo de democracia: Chávez –“Reconocemos en él al más digno libertador, que ha retomado el sueño de la libertad de los pueblos de América”.
Vox y Abascal deberían asumir su papel equilibrador entre si y posibilitar los acuerdos entre aliados naturales.
Sánchez, que ha reconocido su “derrota sin paliativos” y ha adoptado la decisión de convocar elecciones generales –por cierto, en una fecha poco adecuada, en la que incluso en alguna comunidad autónoma no se pueden celebrar elecciones-, debería reflexionar sobre las posibles causas del rechazo sufrido por:
-¿El claro incumplimiento de compromisos expresados reiteradamente?
-¿La gestión de la pandemia, con el cierre del parlamento, declarado inconstitucional?
-¿El abuso del decreto-ley por razón, en numerosas ocasiones, de injustificada urgencia?
-¿El recurso a la proposición de ley para eludir la evacuación de informes y debates?
– ¿La cerril y soberbia incompetencia en la redacción y aprobación de determinadas leyes, así como por la tardanza en reconocer los errores para llevar acabo las modificaciones necesarias?
-¿La “pacificación” en Cataluña, basada en la claudicación ante la demanda de los independentistas sobre los indultos, la modificación a la media del delito de malversación y la supresión del de sedición?
-¿El inesperado y sospechoso cambio de opinión sobre el Sahara?
-¿Las sentencias de los ERES?
-¿La situación económica real en cuanto al gigantesco y amenazante endeudamiento público, acompañado de la subida de los tipos de interés?
-¿La escasa visibilidad de las ayudas de la UE en la economía productiva?
-¿El hecho de que la cuota de PIB atribuible a cada español permanezca estancada desde el año 2005?
También el PP debería recapacitar acerca de algunos de sus planteamientos durante la campaña, que han dado alas a EH Bildu: la petición de su ilegalización y la deficiente pedagogía sobre la inclusión en las listas electorales de antiguos miembros de ETA, que, siendo legal, resulta indecente en un doble sentido: quien los incluye y quien pacta con ellos.
El pueblo volverá a hablar dentro de dos meses. ¿Recogerá Díaz los despojos de Podemos y sus satélites?, ¿mantendrá Cs su contumacia y participará de nuevo, tras haber perdido el capital acumulado?, ¿aprenderán PP y Vox quiénes son sus verdaderos adversarios?, ¿llegarán ambos a la campaña de las generales con acuerdos territoriales realistas?
