PP, VOX y sus docenas de asesores, no se han enterado del contenido y las consecuencias de la reforma de la Ley de antecedentes penales y han votado SÍ, con el PSOE y sus aliados.
Los acontecimientos se suceden a tal velocidad que olvidamos lo de ayer para ocuparnos del hoy.
La aprobación, por unanimidad, de la Ley sobre antecedentes penales en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre, puede haber pasado desapercibida para la mayoría de los españoles, pero sus consecuencias y la forma en que se ha producido resulta indignante para los votantes del PP y de VOX.
Ambos partidos han admitido la equivocación con retraso y han pedido perdón a sus votantes. Nadie ha tenido el decoro de dimitir. Si algo parecido sucede en una empresa privada, los responsables se van a la calle.
Ni los 137 diputados del PP, ni los 33 de Vox, ni sus numerosos asesores oficiales, ni sus respectivos “expertos” jurídicos de partido se percataron de las consecuencias
No quiero perderme en los detalles de la norma, pero sí hacer hincapié en que tantos profesionales de la política se les haya pasado por alto el detalle del que ahora se lamentan: o ninguno leyó la ley antes de votar, o, habiéndola leído, no la han entendido. Lo curioso es que ahora culpan al PSOE y a sus socios parlamentarios. ¡Insólito!
Dicen que fue una martingala del PSOE; es decir, no se han enterado, tras seis años de Sánchez en el Gobierno, de con quien tratan.
Aunque la ley indicada se hubiera aprobado con la mayoría que apoya al Gobierno, es decir, sin sus votos –los del PP y Vox-, han hecho ustedes el ridículo y han defraudado a millones de españoles, entre ellos a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a quienes dicen defender.
El Gobierno y el PSOE se han carcajeado: “no se enteran”, “no saben leer”, … Y Otegui, disfrutando, al ver que el PSOE cumple y los 200 presos de ETA, poco a poco, irán saliendo a la calle; “Si hay que votar sí a los presupuestos, pues se hace”, dijo Otegui. Él no miente.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, mintió al afirmar que la actual Ley es la misma que aprobó Rajoy en 2014, que sí garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas de cárcel de los condenados de ETA
Sánchez y su coro, sin embargo, están acostumbrados a mentir. La ministra portavoz, Alegría, dijo en rueda de prensa: “Esta ley es la misma que aprobó un Consejo de ministros del señor Rajoy el año 2014, …, es literal”. Si uno contrasta los dos textos, comprobará que esa afirmación es mentira: concretamente, los respectivos artículos 14 son diferentes y el texto actual suprime la disposición adicional única que aparecía en la ley Rajoy, que decía “literalmente”: “En ningún caso se tendrán en cuenta para la aplicación de la presente ley, las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado de la UE con anterioridad al 15 de agosto”. Este es el meollo de la cuestión en relación con los presos de ETA, que verán reducidos sus cumplimientos de condena e, incluso, alguno saldrá ya en libertad.
Pilar Alegría volvió a mentir cuando afirmó que la Ley que reduce la condena a los etarras contaba con el informe favorable del Consejo de Estado, ya que no incluía las enmiendas de última hora
Otra falsedad. Alegría afirmó que disponen del informe favorable del Consejo de Estado sobre el texto de su ley; pero omitió decir que el texto que informó el Consejo de Estado el año 2023 no incluía, obviamente, las enmiendas presentadas por el PSOE en el mes de septiembre de este año, de cuya trascendencia no se enteraron ni PP ni Vox.
Unos mienten con frecuencia –ellos lo llaman cambio de opinión o cambio de circunstancias-; los otros no saben de la misa la mitad. Los que mienten se llaman mentirosos, farsantes o fuleros; los que no saben son calificados de ignorantes, desinformados, inconscientes, ignaros y hasta lerdos.
Los primeros se ríen de los segundos; los segundos culpan a los primeros. Todos siguen en sus escaños. Este es el estado actual de la cosa política.
