El Alto Tribunal mantiene la orden de detención de Puigdemont.

Estamos en una semana convulsa desde el punto de vista judicial. Las huestes de Pedro Sánchez maniobran para tratar de asegurar la aplicación de la amnistía en toda su extensión. Primero fulminan al fiscal González Mota por oponerse a aplicar la amnistía a los 12 CDR encausados por delitos de terrorismo, a los que hasta ahora se les pedía 27 años d eprisión, y ha sido sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Después, para cumplir una exigencia de Junts, eliminan el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar la paralización de la amnistía en el caso de que se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Foto. Felipe González, expresidente socialista, criticó la amnistía y aseguró que lo que pretenden los independentistas catalanes es que les pidamos perdón por aplicar la ley

Sin embargo, les ha salido el tiro por la culata, el Supremo no ha solicitado esa cuestión prejudicial y Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, ha dictado un auto que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación, que se imputan a Carle Puigdemont, Antonio Comín y Lluis Puig y mantiene las órdenes de detención por sus presuntos delitos de malversación.

Por otro lado, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ha declarado no amnistiado los delitos de malversación por los que fueron condenados Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Entienden los magistrados que los acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial y, en consecuencia, no es posible incluir esta malversación en la amnistía. Esta decisión afecta especialmente a Junqueras, Inhabilitado hasta 2031 por malversación y le impide presentarse como candidato, en el caso de que se convoquen elecciones en Cataluña.

Foto. El plan de Puigdemont de intercambiar 7 votos con Sánchez a cambio de desmantelar la independencia judicial parecer que no está dando el resultado deseado

Sin embargo, una de las magistradas, la jueza Ferrer, ha realizado un voto particular discrepante con la decisión del resto de magistrados y aboga por solicitar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta excepción puede ser utilizada por los encausados para solicitar la intervención del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una especie de “tribunal de casación” para enmendar la plana al Tribunal Supremo y ajustar las sentencias a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto Pablo Llarena como Manuel Marchena coinciden con el criterio defendido por los fiscales del procés Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno de no incluir la malversación dentro de la amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez e invalidan las instrucciones y presiones impuestas por el fiscal general del Estado Álvaro García Ortíz.

Foto. Puigdemont ha insultado gravemente a los jueces, calificándolo de mafiosos, ante el silencio de Pedro Sánchez

De inmediato, el aparto del PSOE salió en tromba a descalificar la decisión del Tribunal Supremo “por meterse en el terreno de la política” y la portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Esther Peña, ha criticado el auto del Alto Tribunal y Podemos habla de “una dura ofensiva judicial reaccionaria”. Puigdemont subió todavía más el tono al comparar a los jueces con la mafia y calificarlos de la “toga nostra”, sin que Pedro Sánchez haya reprochado estos insultos del prófugo independentista.

Habrá que esperar para ver los efectos retardados de esta decisión judicial en la conformación de gobierno en Cataluña y en la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo apunta a que puede haber elecciones en Cataluña y en España en el mes de noviembre.