Planas quiere acallar a agricultores y ganaderos y los ha convocado el jueves, cuando la tractorada llega a Madrid. Con la balbuceada Ley de Cadena Alimentaria de Sánchez, no les llega. Si el ministro no se deja de buenas palabras y pasa a la acción, las movilizaciones bien pueden llegar a las puertas del verano.
Agricultores y ganaderos calientan motores para poner rumbo a Bruselas, con escala en Madrid, para decir alto y claro al Gobierno de España que han dejado al sector primario en la estacada, haciendo un seguidismo estúpido de las imposiciones comunitarias que, ahora, la propia Comisión Europea rectifica cuando ve que le va la vida en ello, porque en junio se verá las caras con los ciudadanos.
No se puede legislar ‘contra’ el lobo porque ataquen el caballo, ni se puede dejar en el cajón el proyecto de reducción de los fertilizantes porque tengas elecciones. Como tampoco se puede asfixiar a los agricultores y ganaderos con unas exigencias medioambientales y de bienestar animal, que reducen la producción y la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, hasta hacerlas inviables.
Ni la interesada Unión Europea, con su apuesta verde va a detener el cambio climático, ni una representación ecologista minoritaria en la Comisión Europea puede poner en jaque la soberanía alimentaria de los estados miembros. No se trata de alcanzar la virtud tendiendo a la justa medida, es mucho más sencillo que eso.
Los políticos sólo tienen que escuchar a un ganadero o a un agricultor para entender que legislar y gobernar desde sus burbujas de cristal es inviable.
Los políticos sólo tienen que escuchar a un ganadero o a un agricultor para entender que legislar y gobernar desde sus burbujas de cristal, sin pisar el terreno, es inviable y no tiene resultados.
Un agricultor y un ganadero se levantan todos los días con unos costes de producción de sus explotaciones que, sencillamente, son inasumibles. Tienen que pagar el gasoil, la luz, los fitosanitarios, los piensos, los fertilizantes, la maquinaria, a los empleados… Unos gastos que han subido más del 200% en determinados insumos.
Ganaderos y labradores no saben cuánto le van a pagar por sus terneros, ovejas o cabras (leche) cuando lleguen a la lonja; o por el cereal, la fruta o las verduras cuando lleguen a la distribuidora.
La Ley de Cadena Alimentaria se aprobó en 2013, se revisó en 2021 y ahora se vuelve a revisar, pero nunca se ha aplicado con eficacia.
La Ley de Cadena Alimentaria se aprobó en agosto de 2013, en diciembre de 2021 el Gobierno de Sánchez la modificó con el fin de mejorarla. Y ahora vuelve a la carga con una nueva revisión. La cuestión es ¿se ha aplicado alguna vez?, ¿se ha velado de oficio por su cumplimiento? No, no se aplica. ¿Por qué?
Esa sería una buena respuesta que podría dar el Sr. Planas el jueves a las organizaciones agrarias de España con las que mantendrá un encuentro para tatar de acabar con las movilizaciones de campo. Pero el problema es de tal dimensión, que, si Sánchez y Planas piensan que con eso los tractores salen del asfalto, están muy equivocados.
El ministro Planas tiene que defender la sostenibilidad de los agricultores y ganaderos ante la Unión Europea, tras cinco años de inacción.
Cuando el agricultor se ve asfixiado, y ya es poco o nada lo que tiene que perder, es cuando lucha sin temor por lo que cree que es justo. Y eso es precisamente lo que están haciendo ahora.
Por eso, Planas va a tener que emplearse a fondo y hacer lo que no ha hecho en 5 años, para llevar a Bruselas mejoras medioambientales considerables para los agricultores y ganaderos españoles. Tendrá que pedir que se reduzcan los absurdos trámites burocráticos que se exigen y que se simplifiquen, de modo que sean clarificadores y operativos para la administración y los productores y, por su puesto, tendrá que esforzarse en reducir las exigencias medioambientales impuestas a través de los ecoregímenes, porque ni siquiera quienes los diseñaron tienen muy claro cómo aplicarlos.
El sector agrario ya ha perdido mucho y sabe que es ahora o nunca y no van a arrojar la toalla.
Con sus interlocutores deberán estudiar cómo acaban inmediatamente con los agravios y la desmedida competencia desleal que sufren los agricultores y ganaderos españoles y europeos, a causa de la entrada de productos de terceros países, totalmente ajenos a las imposiciones medioambientales, laborales, burocráticas…y de trazabilidad que se les exige a los profesionales europeos.
El sector agrario ya ha perdido mucho, y sabe que su momento es AHORA O NUNCA, porque se da la circunstancia de que en junio los adalides de un mundo verde se tendrán que enfrentar a la cruda realidad. Ya veremos si es verde, negro o gris. Por 10.000 € al mes, que cobra un eurodiputado, seguro que las tonalidades pueden modificarse.