El Tribunal Constitucional se ha convertido en la extensión revisora de las sentencias que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuando los estudiantes de Derecho se enfrentan, o nos enfrentábamos, a los primeros obstáculos de la carrera, surge imponente la figura del Derecho Constitucional como una de las primeras pruebas de fuego para los recién iniciados, una asignatura que intimida desde su denominación, y alrededor de cuyo conocimiento pivota, como es natural, el resto de la formación de cualquier jurista que se precie. 

En el desarrollo de esta disciplina ocupa un lugar importante la institución de referencia en la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, órgano al que no hace mucho se miraba con respeto casi reverencial y que hoy, por desgracia, es contemplado como la extensión revisora del Gobierno para el control de las resoluciones de los Tribunales que no resultan cómodas a la Moncloa.

El Tribunal Constitucional es un órgano político que no está por encima del Tribunal Supremo, aunque, en los últimos tiempos, tenga como función principal enmendar la plana al Alto Tribunal

Conviene recordar, aunque es de sobra conocido, que el Tribunal Constitucional es un órgano político, que no forma parte del Poder Judicial. No es, como erróneamente ha calado en el acervo popular, un Tribunal superior al Supremo; éste, por su propia naturaleza, es la cúspide de la judicatura en nuestro ordenamiento. 

Sin embargo, la función del Tribunal Constitucional es esencial, en cuanto debe controlar que las normas, las resoluciones, los procedimientos… encajen dentro de los límites constitucionales, concediendo amparo a quienes ven conculcados sus derechos fundamentales y declarando conformes o disconformes con la Constitución aquellas disposiciones que, emanadas de ejecutivos o legislativos nacionales o autonómicos, son cuestionadas en cuanto a su encaje constitucional.

Foto. Pedro Sánchez, Conde Pumpido, Álvaro García Ortiz y Félix Bolaños harán lo que haga falta para que se pueda aplicar la amnistía a cambio de los 7 votos de Junts

Sin embargo, y más allá del noble propósito de su función, el Tribunal Constitucional se ha convertido en los últimos tiempos en el instrumento de control judicial del Ejecutivo de Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el descaro que le caracteriza, abordó en su día el nombramiento de magistrados que integran el Tribunal de garantías sin esperar a que se desbloquease el Consejo General del Poder Judicial, colocando en su mesa a una ex alto cargo de Moncloa y al Ministro responsable de los indultos a los independentistas, pues favor con favor se paga. 

Pedro Sánchez nombró magistrados del Tribunal de Garantías a una ex alto cargo de la Moncloa y al exministro Juan Carlos Campo, responsable de los indultos aplicados a los independentistas, sin esperar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Esta maniobra, de dudosa constitucionalidad, se adopta bajo la presidencia de Conde Pumpido, quien tampoco ha escondido jamás sus simpatías por Sánchez, heredadas de su dedicada labor como fiscal general del Estado para Zapatero: cómo olvidar a Otegi preguntándose si Conde Pumpido era consciente de que se solicitaba su ingreso en prisión, o, más recientemente, la frase del magistrado en cuestión sobre las togas y el polvo del camino…

En la actualidad, el Tribunal Constitucional ha entrado en el peligroso juego de poner en duda su propio crédito a cambio de servir a quien gobierna. Las recientes sentencias sobre el mayor escándalo de corrupción que ha vivido nuestra democracia, el caso d ellos EREs de Andalucía, ponen de relieve dos aspectos que imbuyen justificada preocupación al ciudadano medio, perplejo ante la actuación sin sonrojo de la institución: 

  • Por una parte, estamos ante una desviación inexplicable en la vara de medir, cuando se trata de admitir recursos de amparo en asuntos de esta naturaleza, pues cabe recordar que, en anteriores casos de corrupción igualmente célebres, aunque sensiblemente distantes en cuanto a sus consecuencias económicas, como el caso Noos o el caso Gürtel, los recursos de amparo de los implicados no fueron admitidos a trámite. 

El PSOE se indulta a sí mismo a través de las resoluciones del Tribunal Constitucional, aun a costa de ensuciar la institución que ha de velar por la conservación de un ordenamiento acorde a la Carta Magna

  • La admisión de los relativos al caso ERE se ha acordado con el voto favorable de la habitual mayoría “progresista” (nunca entenderé este adjetivo aplicado a conductas semejantes), y abre una espita muy peligrosa de cara a futuros recursos que, relacionados con asuntos semejantes, persigan corregir las sentencias de los Tribunales a través de un órgano no judicial.

Foto. el Tribunal Constitucional ha entrado en el peligroso juego de poner en duda su propio crédito a cambio de servir a quien gobierna con las incomprensibles actuaciones en el caso d ellos EREs de Andalucía

  • Por otra parte, consecuencia ineludible de lo anterior, y si cabe más peligroso, se desarrolla por el Tribunal Constitucional una labor revisora del procedimiento y su resolución final, convirtiéndose en una última instancia que, precisamente por su carácter, responde a fundamentaciones políticas y no jurídicas. 
  • La causa de los ERE, para vergüenza de sus responsables, fue instruida por tres jueces, juzgada por un tribunal colegiado y confirmada en sus conclusiones por el Tribunal Supremo. Y ahora el Tribunal Constitucional, asumiendo funciones que no le competen, nos viene a decir que todos estaban equivocados, excepto los que diseñaron la red clientelar. Aunque más de 600 millones de euros se hayan perdido por el camino.

El PSOE se indulta a sí mismo con estas resoluciones, aun a costa de ensuciar, quién sabe a qué precio, la institución que ha de velar por la conservación de un ordenamiento acorde a la Carta Magna.