Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno ha creado más de 600.000 puestos de funcionarios, a pesar de que muchas labores burocráticas pueden ser realizadas por procesos robotizados y por la Inteligencia Artificial.
Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, en junio de 2018, tras una moción de censura a Mariano Rajoy, acusándolo de la corrupción que hoy le invade, en nuestro país había 2,4 millones de empleados públicos y en ese momento muchos ciudadanos ya tramitaban la mayor parte de las consultas a través de Internet.
La sociedad de la información había ganado terreno, y los organismos públicos (Ayuntamientos, Hacienda, Seguridad Social…), en lugar de atender presencialmente a los administrados, les obligan a realizar los trámites administrativos por Internet.
Para los “apestados” autónomos la cosa ha ido más allá, y se les prohibió presentarse en las oficinas de la Seguridad Social para llevar a cabo los trámites. Obligatoriamente, todos los trámites tienen que hacerse por vía telemática, pero cuando se les caía el sistema ¿Qué pasaba? Pues eso, ajoyagua.
Si los trámites en las administraciones públicas se hacen de forma telemática y la Inteligencia Artificial puede gestionar infinidad de procesos burocráticos, ¿por qué no se trasvasan funcionarios a los sectores públicos más necesitados de atención presencial?
El administrado se encuentra inerme ante una posible sanción, y sólo “rogando” una asistencia presencial -que el funcionario juzgará oportuna o no- se puede tener la opción de presentarse para demostrar que su sistema no funciona y no es posible realizar los trámites que necesitan en tiempo y forma.
Llegar a las delegaciones de la AEAT o de la TGSS, y ver el plantel de funcionarios charlando animadamente entre ellos de sus cosas, mientras te tienen esperando a su capricho para pulsar “su turno” y que salga tu número, supone un ejercicio de paciencia infinita y resiliencia a prueba de infartos. Es decir, tela marinera.
Desde hace 6 años, Pedro Sánchez ha incrementado la plantilla de funcionarios en 600.000 personas, pero la sanidad pública, las fuerzas de seguridad y la Justicia tienen graves carencias de personal
El staff de la Administración Pública sigue con esa soberbia, amparada por una mediocre clase política, que sólo “mima” la recaudación que le puede hacer medrar con sus dádivas.
¿Faltan funcionarios o sobran incompetentes?
Pero a quienes de verdad defienden a los ciudadanos, o deberían hacerlo si los dejaran, los ningunean y los desprecian.
¿Hay algo más valioso que la vida?
El Sistema Nacional de Salud está en quiebra. Los responsables del Gobierno de Pedro Sánchez no son capaces de activar el relevo generacional. Los médicos están saturados, y después de darles una formación extraordinaria se tienen que ir al extranjero, mientras aquí homologamos titulaciones a “profesionales” procedentes de no sabemos dónde.
¿Se puede ser más incompetente, dejando marchar la excelencia e invitando a la “normalidad”? En Sanidad SI hacen falta funcionarios.
Las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior no hacen más que incrementarse, mientras que no se mueve un dedo para actualizar las plantillas de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías locales
Después de la propia vida, ¿hay algo más grande que la garantía de una seguridad que la proteja?
Pues en un Estado de Derecho como el nuestro son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes tienen la encomienda de garantizar nuestra seguridad.
El índice de criminalidad ha subido en España en los últimos años hasta límites imprevisibles. Los atracos en la calle, los asaltos a viviendas, los tirones, las okupaciones, las violaciones, los ajustes de cuentas con muertos… han escalado hasta lo impensable en una sociedad pacífica y ejemplar, hasta hace unos años.
Y es que es normal que así sea, porque quienes tienen el cometido de defender y proteger a los ciudadanos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales y las policías autonómicas, no cuentan con los efectivos necesarios para combatir y rebajar los índices de delincuencia que se ha instalado en España. Y lo que es peor aún; el poder político populista, lejos de apoyarles y defenderlos en sus competencias, los ha vaciado de autoridad y les ha cuestionado su presunción de veracidad.
Es urgente que las fuerzas de seguridad cuenten con los efectivos necesarios para atajar el descomunal incremento del índice de criminalidad y que les devuelvan las atribuciones, autoridad y presunción de veracidad para que puedan defender y proteger a los ciudadanos
¿Alguien cree que un policía va a disparar a un delincuente que te está atracando, asaltando tu coche, tu casa o tu finca, para luego tener que pasarse la vida en los juzgados tratando de demostrar que ha actuado en el cumplimiento de su deber?
Es necesario y urgente que las fuerzas de seguridad cuenten con los efectivos necesarios para atajar el descomunal incremento del índice de criminalidad. Pero más importante es que le devuelvan las atribuciones, autoridad y presunción de veracidad para que puedan defender y proteger a los ciudadanos.
Como vemos, seguramente en este sector relacionado con la seguridad ciudadana también hacen falta empleados públicos, porque el índice de criminalidad en España no hace más que crecer.
También es necesario incrementar el número de empleados públicos en el sector de la Justicia para resolver el enorme atasco y demoras importantes que padecen los juzgados
La Justicia es la tercera de las prioridades que un Estado debería tener para sus conciudadanos. Después de salvar la vida (Sanidad) y proteger la integridad (Policía), sería vital velar porque nadie pudiera “someter” a nadie sin un juicio justo.
Pues bien, aquí también tenemos un déficit importante de funcionarios. Las causas judiciales se demoran y eternizan, ocasionando graves perjuicios a los administrados. Es necesario incrementar el número de empleados públicos en el sector de la Justicia para resolver el enorme atasco y demoras importantes que padecen los juzgados.
Cuando vemos que, en 6 años, la pareja de la investigada Begoña Gómez ha creado 600.000 puestos de trabajo púbicos, y la Sanidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado, y la Justicia siguen estando en estado crítico, ¿qué conclusiones podemos sacar?
No se están resolviendo las carencias de empleados públicos que garantizan nuestro Estado de Derecho y lo que se está desarrollando a toda vela es un Procés Sanchista que pretende emular la hoja de ruta aplicada en Venezuela para llegar a una dictadura populista, ensanchando las bases sociales de una dependencia del Poder que se impondrá a cualquier tipo de liberalismo empresarial.
