Pedro Sánchez rompe la solidaridad entre territorios y acaba con la justicia social con la financiación singular de Cataluña.
Hemos visto que la libertad y la igualdad entre los ciudadanos que proclama el PSOE como principios irrenunciables, fueron traicionados por Pedro Sánchez con su anuncio de la regeneración democrática para perseguir a los medios díscolos, y concediendo indultos y amnistías con el único fin de mantenerse en la Moncloa.
En breve asistiremos al espectáculo de la financiación singular para Cataluña y con esta última pirueta, Sánchez vuelve a traicionar los principios socialistas, en esta ocasión los de solidaridad y justicia social.
El artículo 138 de la Constitución española, establece que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
Foto. Pedro Sánchez se empeña en etiquetar como fango todas las informaciones de los medios independientes que critican su gestión y los casos de corrupción que le salpican
En consecuencia, establecer un régimen especial para Cataluña, con un sistema financiero propio, generaría un agravio comparativo y socavaría la solidaridad interregional. En este escenario, sólo Madrid y Baleares seguirían siendo contribuyentes netos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales del Sistema de Financiación Autonómica. De esta manera, se rompería la solidaridad hacia las comunidades con menos recursos, poniendo en riesgo la provisión de servicios públicos esenciales en esas regiones (sanidad, educación, servicios sociales, …), sin importar los esfuerzos de Sánchez por extraer más recursos de Madrid.
Pero, además, en el caso de que la Administración General del Estado asumiera total o parcialmente la aportación que dejaría de hacer Cataluña, el costo recaería sobre todos los ciudadanos españoles.
Los principios de solidaridad y justicia social, proclamados por el PSOE, se quiebran ante los privilegios y prebendas comprometidos con ERC, y los ciudadanos de aquellas comunidades autónomas menos favorecidas tendrán que hacer frente al costo de esas concesiones.
Sólo en Galicia se estima que se perderían 444 M€ al año con la aplicación del acuerdo entre Esquerra Republicana y los socialistas catalanes para la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat
El agravio que genera la propuesta es de tal magnitud, que destacados dirigentes del PSOE, con responsabilidades de gobierno en las instituciones y/o en federaciones socialistas de varias comunidades autónomas, como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) o Juan Espadas (Andalucía) ya han mostrado su rechazo ante el injusto trato que sufrirán sus territorios de salir adelante esa normativa, que privilegia a los catalanes en detrimento del resto de los españoles, como también lo han hecho históricos dirigentes y exgobernantes socialistas a los que Pedro Sánchez parece ningunear.
El hecho de manifestar ese rechazo a una ley que concederá ese trato singular, diferenciado y privilegiado a Cataluña, por parte de destacados dirigentes socialistas, no deja de ser un gesto plausible, pero de nada servirá si no se da un paso adelante para frenar esa deriva de manera efectiva.
Por lo tanto, quienes hoy manifiestan su oposición a esa concesión exclusiva a Cataluña, deberán subir un peldaño más para demostrar que sus palabras no son una simple pose, porque, de lo contrario, se estarán convirtiendo en cómplices directos de ese atropello que supone romper el principio de solidaridad consagrado en nuestra Constitución, y que tanto proclaman los socialistas en sus principios ideológicos.
