FEDEA concluye en un estudio que la medida de cobrar el subsidio de paro y poder trabajar, impulsada por Yolanda Díaz, es contraproducente en parados de larga duración.
La reforma del subsidio por desempleo, que el Gobierno aprobó en el último trimestre del año, permite que quien cobra el paro pueda compatibilizar el subsidio mientras trabaja durante medio año. Ante este anuncio, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha emitido un estudio en el que critica la nueva norma, concluyendo que desincentiva la vuelta al mercado laboral de los receptores del subsidio, en especial los que más tiempo llevan percibiendo las transferencias del Estado.
FEDEA es un organismo independiente que se ha convertido en una de las principales voces discordantes contra numerosas medidas del gobierno; criticando la poca veracidad de las políticas porque se sustentan en primer lugar en cifras erróneas, por lo que su ejecución estará desviada en un segundo término. En particular esta medida anunciada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consiste en que los perceptores de transferencias estatales por desempleo podrán cobrar un sueldo si encuentran trabajo y que adicionalmente podrán percibir una parte del subsidio.
Los 120 euros al mes que perciben los parados de larga duración no son incentivo suficiente para que se incorporen al mercado laboral.
Lo que desde el Gobierno han denominado el “complemento de apoyo al empleo” variará dependiendo de la situación del desempleado. En el primer trimestre de cobro del subsidio, en el caso de que consiguieran un trabajo, percibirían el 80% del subsidio; al encontrar un trabajo en el segundo trimestre de percepción del subsidio, recibirían el 60%. Esta cifra baja al 40% para quien encuentre trabajo en el tercer trimestre de cobro, el 30% para los que estén en el cuarto trimestre y el 20% los que lleven más de un año percibiendo la ayuda estatal cuando accedan al mercado laboral.
Desde FEDEA apuntan: “Una persona con contrato a tiempo completo podrá añadir al salario entre 120 euros y 480 euros al mes dependiendo del momento temporal de percepción del subsidio en el que se encuentre”. Si bien la política implementada anima a salir de la situación de desempleo lo antes posible, las personas que lleven actualmente más de un año desempleados en el momento de la sanción de los nuevos parámetros ven reducidos sus incentivos de incorporarse al mercado de trabajo. Y el problema es que la mayoría de los parados que tiene España son de larga duración.
La norma buscaba reducir la carga que soportan los Presupuestos Generales del Estado en materia de transferencias por desempleo, tratando de reducir las personas que no desean volver a trabajar y buscan seguir cobrando la paguita. Los parados de larga duración percibirán unos 120€ al mes adicionales, lo que no es un incentivo real para moverse y trabajar en vez de cobrar 120€ menos por no hacer nada.
FEDEA apunta a que los incentivos para los parados de corta duración si están correctamente alineados, si bien matiza que se podrían haber realizado otras estrategias para mejorar los estímulos que los desempleados necesitan para trabajar. El organismo apunta a sancionar a los parados que rechacen ofertas de empleo y mejorar el sistema de Servicio Público de Empleo (SEPE), para que realmente pueda ofrecer vacantes de empleo. Estas cuestiones no se modifican en demasía con la nueva norma.
Esta medida lleva aparejada un aumento presupuestario. Según las estimaciones de FEDEA unos 2.500 millones de euros, un 0,17% del Producto Interior Bruto (PIB). Desde el organismo critican que la nueva norma no haya contado con informes vinculantes o consultivos sobre su contenido. Por todo ello, esta política provoca una “pérdida de eficiencia” de los recursos públicos.
FEDEA considera que la nueva norma impulsada por Yolanda Díaz tendrá un coste de 2.500 millones para las arcas públicas, en lugar de los 642 millones anunciados por la vicepresidenta.
El verdadero problema con FEDEA no es la crítica en si a la medida del Gobierno, sino que las proyecciones de FEDEA son 4 veces mayores a las anunciadas por el Gobierno: 2.500 millones frente a 642 millones de gasto enunciados por el Gobierno. La propuesta del organismo para mejorar la política se organizaría optimizando la prestación económica que se reciben los 12 primeros meses; del mes 12 a 18 se reduciría la percepción del subsidio y, en el caso de permanecer en situación de desempleo más de un año y medio, los individuos pasarían a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo”.
La publicación de FEDEA ha tenido respuesta por parte del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien ha criticado las “desproporcionadas cifras” y acusa al organismo de “cuestionar desde un punto de vista neoliberal las instituciones laborales para estigmatizar a los parados y culparles de su propia situación”.
Desde FEDEA han manifestado que las suposiciones que han seguido son las que han sido publicadas por el propio Ministerio de Trabajo, durante de la negociación del subsidio, que éste no corrigió. El secretario de Estado de trabajo por su parte no ha entrado a valorar las ideas que FEDEA propone para mejorar la falta de eficacia de SEPE, ni las medidas relativas a los parados de larga duración.
Foto. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y Marta Lois, candidata de Sumar a la Xunta de Galicia
En conclusión, FEDEA cada vez está siendo más molesta para el gobierno, por lo que veremos en los próximos meses maniobras para tratar de silenciarlo, desacreditarlo o “vincularlo” con alguna persona cercana al Gobierno. El siguiente problema también, una vez más, es la poca eficiencia del gasto público y el problema estructural que tiene España con la situación del desempleo; que se mantiene por las transferencias del Estado, así como las bolsas de economía sumergida. No parece que haya voluntad política real para acabar con el problema del paro en España, pues es más sencillo inundar de dinero público al votante-cliente, antes que lograr que vuelva a trabajar.
