Durante el último debate cara a cara televisado con el líder de la oposición, el presidente del Gobierno negó la posibilidad de que empezaran a ser de pago las autovías con titularidad del Ministerio de Fomento. Tan solo tres días después, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pere Navarro afirmaba que, por imposición de Bruselas, en 2024 se implantará el pago por uso en las autovías españolas. Acto seguido el Gobierno desautorizó al titular de la DGT y éste se deshizo de sus palabras en posteriores declaraciones.

Obviamente no interesa hablar de este tema en campaña electoral pues el 91% de los españoles se encuentra en contra de esta medida según datos del “Foro de Movilidad” de Alphabet, realizado en el marco del debate de la implementación de peajes en autovías. Este mismo estudio afirmaba que el 68% de los españoles estaría dispuesto a cambiar su ruta a una carretera secundaria si se implantaran peajes en las autovías.

Ya se sabe que el Gobierno se comprometió con Bruselas a una serie de medidas de ajuste económico que iban más allá de su mandato. Y es que, a cambio de desbloquear los millones de los fondos europeos, la Comisión Europea exigió a España medidas de ajuste económico como la tarificación de las autovías, la reforma de las pensiones, así como prohibir la contrarreforma laboral que quería realizar la titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz. Por lo tanto, la tarificación para las autovías de cara a 2024 es un hecho y solo falta discernir cuál será el importe que abonará el usuario.

Para que sirva de indicación, el importe de las multas recaudado por la DGT en un ejercicio es lo que el Estado invierte en carreteras en cinco años. No vamos a entrar a valorar que una de las principales causas de accidentes de tráfico sea el diseño del trazado o el defectuoso estado del asfalto. Se daría el caso paradigmático que habría que pagar por usar autovías cuyo firme se encuentra en un estado defectuoso: ejemplo puede ser la A-6 en los Ancares o la A-66 entre Benavente y León.

Volviendo a la tarificación de las autovías de cara al 2024, medida enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España remitido por el Ejecutivo a la Unión Europea; lo que no queda claro será el coste que asumirán los conductores. Hay varias propuestas: desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) se aboga por un peaje de 9 céntimos el kilómetro. Mientras que desde otras fuentes del Ministerio de Fomento se rebaja esa cifra a 1 céntimo por kilómetro. Eso sí, las tarifas variarán dependiendo del tonelaje del vehículo y de la huella ecológica de su motor.

Para el control del pago de las autovías hay también varios procedimientos sobre la mesa. El primero es el que utiliza Portugal, un sistema de cámaras en pórticos cada ciertos kilómetros en las autovías para que los conductores pasen por caja en función del tramo de peaje que quieran usar para ir a su destino. Otra opción es que las propias cámaras de tráfico, ya instaladas, hicieran este seguimiento.

Lo que es manifiesto es que se intenta cobrar por carreteras que se construyeron hace 50 años y con otras partidas del Estado podrían ser cubiertos los gastos de mantenimiento. El principal problema viene que las partidas que deberían ser dedicadas a la inversión en mantenimiento están consignada a otros menesteres.

El uso del coche es cada vez más un lujo. Es el objeto sobre el que más impuestos se aplican: impuesto de transmisión mecánica, IVA sobre todos sus componentes, Impuesto de carburante, peajes, parquímetro, etc. El coche es una industria en si misma y con esta medida se golpea a la población que más lo utiliza: la España vaciada. Desde el Gobierno se ha manifestado siempre que quiere ayudar a la España vaciada, pero medidas como ésta hacen que sea la población residente en la España vaciada la que tendría que pagar más peajes.

Se habla mucho de nuevos impuestos, mayoritariamente a los ricos, pero la realidad es que la población española ha sido la que más poder adquisitivo ha perdido en toda la OCDE y la carga fiscal del país se sitúa en máximos históricos. Por ello, habría que hablar más de recortar en gasto superfluo, para que esa inversión sea canalizada hacia lo que de verdad importa.

También es destacable los compromisos que acuerda el actual Ejecutivo que son más allá de su mandato. Así su manera de trabajar habitual es aumentar el gasto, aumentando el endeudamiento; para luego cuando venga otro gabinete de Gobierno para España éstos sean los malos al tener que recortar el gasto por estar quebrada la contabilidad nacional.