Que la cita con las urnas se desarrolle con todas las garantías es un componente indispensable en la ecuación del correcto funcionamiento del sistema democrático. Además del transcurso de la jornada electoral sin incidencias, también se encuentran dos elementos que van de la mano: la división de poderes y el respeto por las instituciones. Sin embargo, el ingrediente secreto que no puede faltar en la receta de una democracia que se precie es la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de las herramientas necesarias para someter a escrutinio toda acción política de los responsables públicos. La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno constituyen elementos esenciales a la hora de fiscalizar la actividad pública, ya que gracias a éstos los ciudadanos son capaces de conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones.
Al respecto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene como misión potenciar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso por parte de los ciudadanos a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que los responsables públicos deben cumplir. Siendo esta la teoría, cabe preguntarse hasta qué punto estas intenciones se trasladan a la práctica, pues a la vista de los datos del Portal de Transparencia y Buen Gobierno se puede afirmar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se caracteriza por su opacidad a la hora de rendir cuentas y ofrecer información detallada sobre asuntos relacionados con contrataciones públicas, informes o normativas de carácter público.
Si se analiza la información disponible correspondiente a los nueve últimos años, se aprecia un fuerte crecimiento a partir de 2018 en el número de quejas recibidas por falta de transparencia en la Administración General del Estado, justo cuando Pedro Sánchez irrumpió en la Moncloa. En 2015 se registraron 517 denuncias, experimentando un ligero aumento al año siguiente donde se alcanzaron las 557. En 2017 la cifra fue exactamente igual al año anterior, siendo a partir del año 2018 cuando el número de reclamaciones comenzó a experimentar subidas considerables hasta superar el millar en los últimos dos años: 2018 (755), 2019 (927), 2020 (949), 2021 (1.086) y 2022 (1.122).
Otro dato que llama la atención es que de las 996 reclamaciones que fueron resueltas en el año 2022 más del 60% fueron estimadas, esto es, que en todos esos casos fue aceptada la pretensión del ciudadano de conocer la información y se obligó a la Administración a facilitarla. Dicho de otro modo, se le dio la razón al ciudadano y se le tiró de las orejas a la Administración por no actuar con la debida transparencia.
Según el Portal de Transparencia, el Ministerio que más reclamaciones estimadas acumula en su cartera es el Ministerio de Interior. Le sigue el Ministerio de Sanidad y, en tercera posición, el Ministerio de Hacienda. Entre los datos que solicita el ciudadano figuran desde informes de productividad del personal funcionario y laboral hasta el listado completo de viajes en Falcon o cualquier otro avión presidencial por parte de los presidentes del Gobierno desde 1976 hasta la actualidad. Otras solicitudes recurrentes son las relativas a la inmigración: número de menores extranjeros no acompañados con permiso y expulsiones y devoluciones de extranjeros. También destacan los requerimientos de información en materia de relaciones hispano-marroquíes, así como la petición del número de vuelos comerciales operados por Royal Air Maroc por encargo del Ministerio del Interior para el traslado de marroquíes que entraron irregularmente a España.
A pesar de que todavía no se disponga de ningún dato relativo al año en curso, éste ya comenzó con un buen montón de expedientes a la espera de obtener una respuesta, pues a 31 de diciembre de 2022 quedaban pendientes de resolver 552 reclamaciones por falta de transparencia.