El Gobierno de Pedro Sánchez prometió 235.000 viviendas para bajar los precios, pero no hizo ni una.
En abril de 2019, el Gobierno de Sánchez empezó con su gran mentira sobre la construcción de viviendas. Con ese plan de choque pretendía resolver uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, como es la falta de vivienda de alquiler y los elevados precios que tienen que asumir las familias.
Primero anunció el ministro Ábalos el Plan 20.000 viviendas y en marzo de 2021 elevaba la promesa hasta 100.000 viviendas. Ese mismo año, Sánchez subía la apuesta con otras 12.000 viviendas de la Operación Campamento y, en abril de 2023, volvía a prometer 43.000 viviendas más, a las que habría que sumar las que gestionaría con la SAREB. La suma final, anunciada 2023, se elevaba a las 235.000 viviendas.
José Luis Ábalos empezó prometiendo 20.000 viviendas en 2021 y terminó Sánchez subiendo hasta 235.000 viviendas en 2023, pero no se hizo ni la primera.
Sin embargo, después de no haber hecho ni la primera vivienda, ahora descarga su irresponsabilidad y su incompetencia en los propietarios de viviendas, a los que un año después, en abril de 2024, les exige precios del alquiler moderados, pero no es capaz de ofrecer ninguna garantía para desalojar a inquiokupas y okupas de manera inmediata.
Miles de propietarios que tienen una segunda vivienda, comparad con su trabajo y esfuerzo a lo largo de toda su vida, se ven en una situación lamentable, al no tener ninguna seguridad jurídica para alquilar su inmueble y recibir una renta adecuada. Da la sensación de que en España se premia a los delincuentes y se castiga a quienes cumplen con sus obligaciones.
La inseguridad jurídica de la Ley de Vivienda provoca que existan 4 millones de viviendas vacías en España.
Ese temor hace que muchos propietarios prefieran tener su casa cerrada antes que tomar el riesgo de que no les paguen el alquiler, que se queden okupando la vivienda con una sencilla declaración de vulnerabilidad y que, cuando se la devuelvan, tras años de litigios, se la encuentren destrozada y tengan que seguir gastando dinero en repararla, amén de verse en la obligación de afrontar los gastos de impuestos, electricidad y tasas municipales que se niegan a pagar los okupas.
El Gobierno de Sánchez ha demostrado su absoluta incompetencia, a lo largo de estos 6 últimos años, para incrementar el parque de viviendas de alquiler y lo que no puede hacer es dejación de funciones y trasladar esa responsabilidad a los propietarios de segundas viviendas.
Un propietario con un okupa en su vivienda tiene que asumir que no le paguen el alquiler y hacerse cargo de los gastos mensuales de luz, agua e impuestos municipales.
Si la solución es que esos casi 4.000.000 de viviendas vacías que hay en España salgan al mercado de alquiler, lo tiene muy fácil. Tiene que legislar para garantizar a los dueños de esos inmuebles el cobro de sus alquileres y, si es el caso, el desalojo inmediato de inquiokupas y ockupas y que el Estado asuma su función de protección social de las personas que sean vulnerables. Los derechos de los okupas parecen estar muy bien protegidos, pero ¿los propietarios no tienen derechos?, ¿quién los defiende?
El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sociales y, ante situaciones de vulnerabilidad, resolver el alojamiento de esas familias con cargo a los fondos públicos, y no a costa de los propietarios de las segundas viviendas.
Los afectados piden desalojo exprés de los okupas y que el Estado asuma las soluciones que necesiten las familias vulnerables.
La incompetencia del Gobierno nos cuesta muy cara, ya lo sabemos, pero lo que no puede hacer es que los particulares paguen las consecuencias de esa ineptitud. Pedro Sánchez no puede exigir a los propietarios precios de alquiler asequibles y olvidarse de quienes sufren a diario un infierno porque los okupas o inquiokupas no abandonan sus casas, y les tienen que pagar la luz, el agua y afrontar tasas e impuestos. Como es incapaz de resolver el problema, se lo traslada a los ciudadanos. ¡Asombroso!
