Según IAB Spain, el consumo de audio digital se consolida en España con 19,3 millones de oyentes, siendo el podcast, con más de la mitad de los oyentes, el tercer formato más escuchado después de la música digital y de la radio online en directo. Conscientes del potencial de la industria y de que el sector audiovisual español ya se encuentra suficientemente amamantado, desde Moncloa no han dudado en intervenir el mundo sonoro y, para ello, se han puesto manos a la obra en la creación del programa Espacio Audio –que se enmarca en el Proyecto Estratégico (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua– con el objetivo de potenciar la producción de audio en español y lenguas cooficiales.

Según indicaba la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el programa contempla una inversión de 160 millones de euros a través de préstamos en condiciones financieras favorables para el sector procedentes de la segunda fase del Plan de Recuperación, y que serán administrados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Entre los objetivos de Espacio Audio se encuentra crear más tejido industrial en el sector, fomentar la creación de más contenidos relacionados con la diversidad cultural o la igualdad de género, potenciar la internacionalización y mejorar la formación en habilidades profesionales y empresariales. 

A pesar de que todavía se desconozcan los criterios de adjudicación de los préstamos blandos, cabe la posibilidad de que ocurra como en el sector audiovisual y que, bajo el lema de potenciar la cultura, terminen primando las afinidades ideológicas sobre la viabilidad económica de los proyectos en cuestión. La afirmación de que la simpatía ideológica acabe pesando más no se antoja desencaminada si se atiende a que Moncloa creará un Foro del Espacio Audio formado por representantes de las empresas y asociaciones del audio en España con la finalidad de consolidar y vertebrar a los actores de la industria primando una “representación plural”. Dado que la diversidad para algunos es de todo menos eso, no resulta disparatado pensar que dentro de esa representación plural puedan quedar excluidos, por ejemplo, aquellos géneros musicales cuyas letras de canciones resulten ofensivas o aquellos creadores de contenido que cuya postura ideológica sea contraria a la profesada por los integrantes de dicho Foro.

Como suele ocurrir, cuando el ajuste entre la oferta y la demanda, fruto de la libre competencia, ofrece como resultado un estado de las cosas no deseado, nacen en el político las pulsiones intervencionistas para alterarlo. En efecto, el anuncio de medidas como estas siembra la sospecha de si, en lugar de fomentar una industria más, lo que el Gobierno está persiguiendo es, en realidad, la financiación encubierta de ciertos creadores de audio digital para equilibrar así una balanza que consideran descompensada.

No es de extrañar que, ante la posibilidad de una derrota electoral, el Gobierno actual adopte las medidas necesarias que le permitan, en la sombra, controlar las estructuras culturales y mantener la hegemonía de su relato. En este caso, el devenir de los hechos demostrará a quiénes se destinarán los 160 millones de euros.