A finales del primer trimestre de este año se aprobaba la reforma de las pensiones. Después de las medidas implantadas, el análisis de éstas arrojaba un claro problema de sostenibilidad a pesar del incremento de las cotizaciones sociales de todos los trabajadores del Estado español hasta el año 2050. Este aumento paulatino en las cotizaciones sociales busca financiar el ingente gasto en las pensiones previstas para las siguientes décadas debido a dos factores: la revalorización anual de las pensiones con el IPC y la jubilación de la generación de los nacidos en los años 50 y 60.

En la política parece que cuando se valoran los problemas se tiene que llegar a dos soluciones: I) la real y II) la que conviene electoralmente. Así pues, es manifiesto que las pensiones están quebradas ya en la actualidad, y que el sistema piramidal en el que están basadas se irá erosionando paulatinamente según vayan pasando los años.

No se podrá decir que esta situación fue una sorpresa, porque mensualmente se publican datos para llevarse las manos a la cabeza. Mensualmente se publica la actualización de las transferencias que realiza la Seguridad Social a los jubilados, por lo que se puede analizar la evolución tanto en número de receptores neto como el volumen total de las transferencias, así como métricas intermedias como la media de pensión recibida por cada jubilado. Con esta situación, mes a mes y año a año, se va sobrepasando el hito anterior en transferencias a la tercera edad en datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ya comentamos que en el mes de Julio se había llegado por primera vez a sobrepasar los 12.000 millones de euros en pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 11% frente a julio del año anterior y significando estas prestaciones un 11,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero esto ya no es noticia.

Pues hay datos más recientes que demuestran la insostenibilidad del sistema de pensiones. Solo en Galicia, debido a la subida de las pensiones del 8,5%, el gasto mensual se elevó en el último mes en Julio hasta los 789,5 millones de euros, 75 millones de euros más que en Julio del año pasado. En la última década, las prestaciones contributivas han aumentado un 48% suponiendo un aumento de 257 millones de euros mientras que, en 20 años, el desembolso por pensiones en Galicia se ha doblado aumentando en cerca de 390 millones de euros.

Estas cifras se explican por el envejecimiento de la población, así como por el aumento de las pensiones debido al sistema de medición de las cotizaciones en las últimas décadas. Hasta hace unos años, tan solo computaba el período más prolífico en las carreras laborales de los actuales jubilados, lo que llevaba a pensiones cuantiosas que eran sufragados por las generaciones anteriores. Todo ello en un clima de bonanza económica en España desde los años 60 del siglo pasado, que se frenó de manera abrupta con la crisis del 2007.

Y todo esto es antes de que la generación de los “baby boomers” se jubile. Esta generación se enmarca en los nacidos entre 1958 y 1975 provocando un tensionamiento aún mayor para el sistema público de pensiones que alcanzará su cénit en el año 2050. Por lo que el horizonte no es para nada alentador. Solo en Galicia la recaudación por la totalidad de cotizaciones sociales creció un 18% frente a la década pasada hasta los 5.595 millones de euros. En el mismo período, ya hemos enunciado que el gasto en pensiones aumentó un 48%. No salen las cuentas.

En datos del conjunto del sistema de pensiones público español, en el 2022 se ingresaron 113.251 millones de euros frente a los 89.119 del año 2013, lo que supone un incremento del 27% o unos 24.132 millones de diferencia. Como en el caso de Galicia, España se queda lejos de los incrementos en ingresos comparados con el de los gatos.

El mes que viene habrá otra advertencia y el mes siguiente otra. Mientras los ciudadanos que no observan, se indignarán cuando el Gobierno al que le toque el marrón, tenga que recortar las pensiones masivamente. Existe una responsabilidad de todos los gabinetes de la democracia respecto del problema de las pensiones, pues en cada legislatura tuvieron la potestad de emplear medidas para mejorar o cambiar el actual sistema de pensiones y no lo hicieron.