Investiga, por primera vez en la historia, un posible delito de revelación de secretos del fiscal general del Estado y ratifica la no aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación de los independentistas catalanes.
Aunque la actualidad no nos da respiro y cada día se acumulan las noticias, preocupantes, sobre los mil y un escándalos que rodean al gobierno central y al partido que lo sustenta, conviene detenerse en algún que otro episodio reciente que, aun tapado por el aluvión informativo de Koldo, Ábalos, Sánchez y sus familias, no deja de llamar la atención en los círculos del foro.
Hace unas semanas ya que nos despertamos cada día con el runrún de la inminente imputación del fiscal general del Estado por la presunta comisión de un posible delito de revelación de secretos. La imputación ha llegado y era lo previsible, con independencia de que, finalmente, la causa agote la instrucción y derive en un juicio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero el hecho indiscutible es que los indicios apuntan a una conducta cuanto menos reprochable en quien tiene como principal cometido, y así lo hemos sostenido en alguna ocasión aquí, promover la acción de la justicia y garantizar la legalidad.
Foto. El Tribunal Supremo no investiga al fiscal general del Estado por enviar una nota de prensa desmintiendo un bulo, sino por, presuntamente, filtrar a la prensa datos personales de un investigado
Una vez que la investigación ha discurrido por derroteros en los que el propio FGE se ha enfangado, valga la expresión, asumiendo como propia la responsabilidad en la emisión de la célebre nota de prensa y la filtración a algunos medios afines de correos electrónicos que desvelaban las negociaciones entre la fiscalía madrileña y los letrados de la pareja sentimental de la presidenta de la comunidad, lo suyo sería que otro fiscal, en el ejercicio de la función que le es propia, acometiese la necesaria acción penal para el enjuiciamiento del máximo responsable de la institución, una vez el Tribunal Supremo ha requerido el preceptivo informe al respecto.
Igual que en otros sectores sensibles, un policía puede investigar y detener a un compañero o a un superior que se ha corrompido, sería lógico que un fiscal, en ejercicio de la dignidad de su cargo, postule sin desdoro la aplicación de la ley sobre su superior si éste la ha vulnerado. Sin embargo, nos hemos encontrado con el encargo a la número dos del imputado para que sea ella quien informe acerca de la investigación a su jefe. Y claro, qué resultado cabría esperar que la rotunda oposición de la “número dos” a la imputación del “número uno”, porque donde hay patrón no manda marinero.
El Supremo seguirá adelante e investigará al fiscal general, aun cuando su subalterna e incondicional discípula haya bregado en su defensa. Es lo deseable y es lo lógico; aunque esto podría predicarse de la dimisión del implicado y, sin embargo, ahí sigue, inasequible al desgaste tanto personal como institucional al que él mismo ha decidido someterse.
Foto. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado investigado por posible delito de revelación de secretos, se ha negado a dimitir y ha recibido el apoyo en bloque de Sánchez y su gobierno
En el ala opuesta de lo anterior, tenemos el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, con un Tribunal Supremo indoblegable en su tesis de evitar la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación. Más allá del brillante Auto de la Sala Segunda en el que se plantea (mejor dicho, se afirma con rotundidad) la inconstitucionalidad de la citada Ley de Amnistía, nuestro más alto órgano judicial no ceja en la idea de que la defraudación cometida por los independentistas, convictos por tales hechos, no tiene encaje en esa norma; y aprovecha para recordarle a los autores de la misma, cuyos nombres todos tenemos en mente, que el texto es chapucero y que las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces, aunque a los políticos les guste pensar que sí. No olvidemos a Patxi López remendando la exposición de motivos de la Ley del sí es sí con aquél célebre “hemos modificado el texto para decirles a los jueces <<No me vayan por ahí>>”.
Foto. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado investigado por posible delito de revelación de secretos, se ha negado a dimitir y ha recibido el apoyo en bloque de Sánchez y su gobierno
Por desgracia y retorciendo una vez más los argumentos, ahora la Fiscalía (la misma que postuló la condena de los golpistas) afirma que está a favor de indultar a uno de sus cabecillas por el delito de malversación. Es decir, si finalmente la amnistía no se puede aplicar, al menos que caiga un indulto, y con ello que Junqueras y los demás puedan volver a la vida pública, porque, de lo contrario, ¿a qué podrían dedicarse con su currículum?
Ojalá podamos volver a hablar pronto con naturalidad de la seriedad y fortaleza de nuestras instituciones. Entretanto, conviene insistir en el elogio de las que no se pliegan al poder y continuar denunciando las que ceden a sus encantos, a ver si poco a poco conseguimos separar la paja del grano.
