Esta semana se publicaba una noticia que ponía de manifiesto uno de los problemas más acuciantes de la educación universitaria pública en España. En dicha noticia se destacaba la primera promoción en el doble grado en farmacia y óptica por la Universidad de Santiago de Compostela (USC); en cuya formación han participado 32 profesores en los 7 años de duración de carrera y que cuenta con tan solo 2 graduados. Hay que mencionar que en 2017 iniciaron esta doble titulación 10 estudiantes de los que 8 abandonaron por el camino.

Tan solo leyendo la noticia podemos asistir al despilfarro de fondos públicos, así como la ineficiencia actual de la educación universitaria pública. También hay que romper una lanza por este caso particular que no suele ser extensible a todos los grados universitarios, y es que esta primera promoción universitaria de la Universidad de Santiago graduada de manera doble en farmacia y óptica tendrá un 100% de empleabilidad relacionada con lo que han estudiado.

En este caso particular, que no es el único en el sistema educativo español de grado, se produce una patente ineficiencia económica. Para cualquier curso reglado, ya sea grado o máster, es necesario un número mínimo de participantes para cubrir convocatoria, hasta aquí normal. Pero ¿qué sucede cuando hay abandonos a lo largo del estudio de la disciplina? Puede producirse el caso que comentamos, en el dos alumnos finalizan los estudios reglados. Para este caso hay una proposición clara: ante el abandono a medio cursar de una carrera o máster financiada o cofinanciada por el Estado, habría que restituir el valor de la matrícula salvo en casos de fuerza mayor.

Es de sentido común ver que los alumnos que abandonan las carreras después de haber sido financiadas sus matrículas por el Estado son un coste hundido que nunca será recuperable. Al tener que ingresar lo pagado (que no llega ni a la décima parte del coste real de la matrícula) se incentiva a los estudiantes a terminar sus estudios, así como a reflexionar en detenimiento la carrera que eligen en primer lugar. Si no eligen correctamente, tendrán que abonar de su bolsillo esa sensación de “no es lo que pensaba”.

Siempre puede suceder que el estudiante a mitad de carrera, más raro es que suceda esto en los másteres, no se sienta alineado con los estudios que cursa y desee abandonar los estudios. Es algo lícito completamente. Pongamos el ejemplo de la educación privada: en Estados Unidos se paga una matrícula que, dependiendo de la universidad, ronda entre los 30.000€ y 60.000€ euros anuales; el estudiante tiene todo el derecho del mundo a abandonar sus estudios, pero sabiendo que el dinero que ha invertido en sus años de matriculación en la universidad no será reembolsable. Éste hecho hace que en Estados Unidos el porcentaje de alumnos que abandona los estudios superiores es menor que en España, pues allí “duele más” abandonar los estudios. De hecho, los casos de abandono universitarios en Estados Unidos están relacionados en no poder pagar el coste de los estudios.

En España sucede lo mismo, no existe un reembolso por abandonar o cambiar a otros estudios superiores, pero el coste de la matrícula es muy inferior al de la educación privada por lo que no duele tanto. Sin embargo, este coste hundido para las cuentas del Estado lo acaban absorbiendo todos los cotizantes, pues se ha pagado una educación a un estudiante que no revertirá en el Estado. Por lo que el estudiante, si desea abandonar sus estudios o cambiar a otros no convalidables, debería abonar la educación que ha recibido. Desincentivando de esta manera el cambio.

También existe un coste hundido en la formación de todos aquellos universitarios que terminas sus estudios y que I) no trabajan de lo que han estudiado y II) trabajan de lo que han estudiado, pero fuera de España. En ambos casos el Estado ha invertido en una educación que no verá revertido valor añadido alguno en su economía. Por ello, la oferta universitaria de formación en estudios de grado y postgrado debe de estar sustentada por la demanda que el mercado laboral puede asumir. En España cada año existen miles de perfiles de carreras, que suelen ser de letras y humanidades, que tienen que trabajar de algo para lo que no han estudiado; por lo que el Estado no está aprovechando el potencial en el que ha invertido. Por otra parte, el mercado laboral cada vez demanda más perfiles con carreras técnicas de las que hay muy poca oferta, medida en graduados que salen al mercado laboral anualmente.

La actual EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y anteriormente selectividad, termina de perfilar la nota media con la que el estudiante podrá optar a la carrera que desea. Actualmente las carreras con más nota media son las relacionadas con ciencias de la salud, ingenierías, matemáticas, física y química. Estas carreras son las que el mercado más demanda, con tasas de ocupación laboral del 100% sobre lo que han estudiado; sin embargo, existe muy poca oferta de plazas para estudiantes. Por eso su nota de corte es tan alta. ¿La solución? Cerrar carreras con baja tasa de empleabilidad y ampliar las que actualmente tienen altas tasas de empleabilidad relacionada con sus estudios.

Con ello lo que se realizaría sería centros de especialización en España: veterinaria en León; ingeniería naval en Ferrol; ingeniería informática y relacionadas en Coruña; carreras relacionadas con las finanzas en los centros financieros que son Madrid y Barcelona; Ingeniería industrial en los polos industriales (que cada vez quedan menos) como puede ser Euskadi. ¿Cuál es el problema? Que habría muchas universidades que tendrían que cerrar. Y es que, de la misma manera que cada ciudad no puede tener un aeropuerto, todas las ciudades no pueden tener una universidad. Es ineficiente y no hay dinero para tanto. Bueno si, a costa de endeudarse.

Y también habría que poner coto a la “meritocracia” en la que se basa la educación superior, en este caso del lado de los docentes. Se basa la productividad y la adecuación del personal dependiendo de las publicaciones realizadas. También, de cara a obtener el título de universidad pública (como es el caso en Coruña de CESUGA) se necesitan un cierto número de doctorandos o doctores. De esta manera la labor de investigación se convierte en una “fábrica de papers” en la que las publicaciones son muy prolíficas, pero de muy baja calidad.

Con todo ello, determinadas universidades se han convertido en verdaderos chiringuitos en los que no se cuida por el fin de la universidad: aportar conocimiento a la economía. Y es que hay veces que no se tienen en cuenta que la universidad tiene que ir de la mano del sector productivo, satisfaciendo sus necesidades, porque es el segundo el que financia al primero. Aparte se ha producido una degradación en el nivel de las carreras, cuyos mayores perjudicados son en primer término los recién titulados y en segundo término los antiguos titulados de esas carreras que ven devaluado el buen nombre de la universidad en la que estudiaron años atrás (véase el caso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).

En definitiva, hace falta valor para meterle mano a este modelo educativo que está sustentado por funcionarios en sus poltronas que en ningún caso van a dejar que esto cambie, pues implicaría cambiar sus condiciones laborales y la eliminación de alguno de sus centros de trabajo. Adicionalmente es necesaria una valoración de la oferta de las carreras y másteres poniéndolos a disposición de la demanda de mercado y reduciendo drásticamente la oferta de carreras sin colocación laboral relacionada a sus estudios. También hay que endurecer los curriculums, que no significa hacerlos más extensos, si no adaptarlos a las demandas reales que esos estudios tienen en el mercado laboral. Y, por último, y esto es extensible a todos los funcionarios, la evaluación anual de su desempeño pudiendo ser premiados y castigados dependiendo de su rendimiento; incluso rescindiendo su empleo en caso de desempeños inferiores a la media durante varios ejercicios.