La ausencia de soberanía alimentaria en España afecta a la agricultura, la ganadería y la pesca y ahora llega al extremo de regular las gallinas domésticas.
Si alguien piensa que aún vivimos en un Estado democrático de derecho, que sepa que nada más lejos de la realidad. Porque desde la llegada de Pedro Sánchez y su tropa al Gobierno de España, hace casi seis años, las órdenes, los encierros, los confinamientos, las imposiciones, las obligaciones, la arbitrariedad y las prohibiciones que atentan contra la libertad han sido la tónica general.
Por si el sector primario no está suficientemente castigado con una Política Agraria Comunitaria nauseabunda, que el Ministerio de Agricultura no ha querido desarrollar de una forma adecuada para salvaguardar los intereses de quienes viven del sector agrario, ahora este Gobierno extiende sus tentáculos hasta los gallineros domésticos que miles de familias tienen para su autoconsumo, con amenazas de multa entre 600 y 3.000 € por no registrar el corral.
Da la sensación de que, así como cuando España ingreso en la CE quedó relegada a un país de servicios, ahora queremos convertir al tercer mundo en el proveedor de alimentos para el Viejo Continente.
El despropósito es descomunal, porque en virtud del RD 637/2021 de 27 de julio aprobado por Sánchez, sobre normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, si tienes 4 gallinas vas a tener inscribir en la Xunta de Galicia tu “multinacional avícola” y llevar al día un Libro de Registro que, a juzgar por los 16 apartados y desgloses que hay que cubrir, algunos a diario, no debe diferir mucho del exigido a Coren.
El Anexo X, que contempla el Decreto, obliga a dejar constancia de entradas, salidas, bajas de animales; enfermedades detectadas, vacunas si es el caso; rendimiento de la producción, huevos recogidos, limpiezas, desinfecciones… En fin, algo totalmente inexplicable, salvo que la intención no sea otra que, como en el caso de las explotaciones agrícolas y ganaderas, estén buscando que dejen de ser viables para incrementar industrialmente las producciones con terceros países, con no sabemos qué intereses.
No se entiende la persecución que sufren agricultores y ganaderos con una Política Agraria Comunitaria medioambientalista y un Ministerio que ahora obliga a un registro y control desproporcionados a los propietarios de gallineros domésticos para autoconsumo.
Otra oculta razón podría encontrarse en el afán recaudador para que esas producciones, que ahora escapan a cualquier tipo de control, dejen de existir, y todos pasemos por caja para contribuir con nuestros impuestos cuando tengamos que ir al supermercado a por los huevos, el pollo o la carne. Es decir, lo que antes les salía barato a los vecinos y vecinas de las aldeas gallegas y fomentaba el autoconsumo, ahora van a tener que comprarlo en los supermercados.
La Unión Europea, con su Política Agraria Comunitaria, persigue al agricultor, acosa al ganadero, acaba con la viabilidad de las explotaciones, asfixia a los productores por no saber controlar la inflación, fomenta la competencia desleal de terceros países…Y ahora, el Ministerio de Agricultura también pretende acabar con este autoconsumo.
¿Alguien me puede explicar qué hay detrás de todo esto? ¿Marruecos, Túnez, Venezuela, Colombia…? A mí se me escapa.
