En los últimos cinco ejercicios, la industria del cine ha recibido más fondos de lo que ha devuelto a través de impuestos.
Una industria deficitaria en España es el cine. Es deficitaria porque ingresa, por venta de entradas, menos del coste de las producciones. Los defensores de la industria sustentan la tesis que es un sector que da de comer a muchas familias y que es cultura, y que la cultura no tiene precio. Cuando venga la Comisión Europea a controlar la ejecución de los fondos next generation, les sugiero al gobierno que al informar del descuadre en el sector del cine les digan que “la cultura no tiene precio” a ver qué cara se les queda a los hombres de negro.
Entre tractorada y corte de carretera por las manifestaciones del campo, el pasado sábado 10 de febrero se celebró la gala de los Goya en Valladolid. Este evento ha sido la tribuna de exaltación de los nutridos estómagos del cine español que el dinero público engorda. Quiere decir que si les das dinero te aplauden, pero si les cortas el grifo ¡uy que malo eres! Como festividad del cine español, vamos a ver sus cifras. A ver si hay algo que celebrar.
En 2023, el cine español recibió 167 millones de ayudas públicas y devolvió 81,5 en concepto de IVA, IRPF y cotizaciones sociales.
En 2023, el cine español recibió 167 millones de euros del sector público. Recordemos que también existe una ley audiovisual que obliga a las televisiones a “apoyar” las producciones locales, lo que si bien es dinero que viene de la industria privada, es obligado desde el punto de visa de la regulación. De los 167 millones de euros abonados exclusivamente por el Estado, la industria del cine “devolvió” 81,5 millones en concepto de IVA, IRPF y cotizaciones de la seguridad social. La cultura no tiene precio, pero el cine ha palmado casi 86 millones de euros en 2023.
Se puede pensar que 2023 puede ser un caso aislado, y que el cine es una industria que aporta valor. Sin embargo, en los últimos cinco ejercicios, la industria del cine ha recibido más fondos de lo que ha devuelto a través de impuestos. Lo que convierte al sector en una industria deficitaria y politizada. Para ser justos, hay que destacar que los ejercicios 2020 y 2021 están impactados por la pandemia y por las medidas de alejamiento social que impactaron en los cines.
En Europa y EEUU, el cine se financia a través del mecenazgo del sector privado, que se beneficia de bonificaciones fiscales, y se estudia de forma exhaustiva la viabilidad de cada proyecto.
Pero el problema es estructural y hay dos modelos posibles. El primer modelo es el que defiende Eduardo Casanova, actor y director de cine, conocido mayoritariamente por su papel de Fidel en la serie Aída; quien defendía “Necesitamos dinero público para nuestras películas”. Básicamente, dame pasta que luego yo ya veré lo que hago. Luego existe un segundo modelo, extendido en Europa y Estados Unidos, que es el mecenazgo a través de bonificaciones fiscales al sector privado. En este modelo se estudia en detalle cada proyecto valorando la viabilidad de este y realizando estudios de mercado sobre cómo los temas tratados impactan en la audiencia.
En España, de las 307 películas estrenadas en salas de cine españolas, tan solo 17 superaron el millón de euros de facturación.
Hasta tal punto existe un desacople entre los proyectos y la audiencia, que, de los 307 largometrajes estrenados en cines españoles de 2023, tan solo 17 superaron un millón de euros de facturación. Con esta situación, los Ministerios de Cultura y Trabajo, ambos liderados por políticos de Sumar; están elaborando la ley del cine ante las demandas de la industria cinematográfica que aseguran que las subvenciones no están llegando.
La solución a la industria del cine pasa por tratarla como una industria más, sin ningún tipo de subvenciones, para así acercar la demanda del público a la oferta de las producciones. También la eliminación de las subvenciones ayudaría a limpiar la idea implantada en el subconsciente colectivo, que asocia el cine español con un sumidero de dinero público. Adicionalmente, los incentivos fiscales y leyes de mecenazgo tienen que ir encaminados a un efecto multiplicador del dinero público; es decir, que de cada euro invertido (o fiscalmente perdonado) se genere al menos un euro para el erario en concepto de impuestos directos o indirectos. Todo lo que no vaya en esa dirección va al estómago de unos pocos.
