Por Bárbara Rivas

¿Tienen las personas que trabajan en las escuelas infantiles derecho a la huelga? Sí, como cualquier otro colectivo. Así lo consagra el artículo 28.2 de la Constitución española como uno de los derechos fundamentales. En este caso concreto estamos ante un servicio en el que sus trabajadores se mantienen con el convenio de enseñanza más precario y sueldos que apenas frisan, y en algunos casos ni llegan, al salario mínimo interprofesional. Los apuros son extensibles a las aulas porque las carencias de personal son palmarias y la carga de trabajo excede lo recomendable. Negociaciones y huelgas se suceden sin encontrar soluciones y de nuevo estamos ante un calendario de paros con cuatro jornadas de las que se han cumplido dos los pasados 19 y 25 de octubre y se agendan otro par en el horizonte los días 8 y 15 de noviembre.

El seguimiento de la huelga es mayoritario en toda España, pero en A Coruña los sindicatos no sólo litigan por la mejora de las condiciones de trabajo sino que se han visto enfrascados en una reivindicación porque el ayuntamiento impide el derecho a la huelga de decenas de trabajadoras. Ocurrió también en Santiago y se rectificó, pero en A Coruña la concejalía que dirige Yoya Neira se ha enrocado en un decreto que garantizaba servicios mínimos durante la pandemia para minimizar las protestas y catalogaba a las escuelas infantiles como “esenciales”. La edil de Bienestar Social está al mando de las siete escuelas municipales de la ciudad, donde fomenta unos servicios mínimos que están en torno al 80%.

“Tratamos de hacer entrar en razón a los responsables del gobierno local, pero es imposible. Hay escuelas de una veintena de trabajadoras en las que solo pueden acudir a las manifestaciones tres o cuatro. Apenas puede ir el personal de apoyo”, apuntan fuentes sindicales. Comisiones Obreras, CIG-Ensino y el Sindicato Nacional de Enseñanza Privada de Galicia apoyan unos paros que en la comunidad autónoma implican a 2.000 trabajadores. Un decreto de la Xunta fija como servicios mínimos que a cada centro acudan al menos dos personas de atención directa a los pequeños y que garanticen la apertura y el cierre de los centros. Pero Neira, adalid de los derechos sociales en la ciudad, se pone de perfil para que unas trabajadoras (más del 90% son mujeres) puedan ejercer un derecho fundamental.