En enero de 2016 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de A Coruña dictó una sentencia que anulaba la licencia urbanística otorgada a la gasolinera de Carrefour en 2014 y ordenaba que el aparcamiento recuperase su situación anterior. Tras los recursos pertinentes, dicho pronunciamiento fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en junio de 2018 y por el Tribunal Supremo en marzo del año siguiente, de modo que, una vez firme la resolución, la empresa inició los trabajos de desmontaje que concluyeron en noviembre de 2019.

Según han dictaminado los tribunales, la licencia incumplía, entre otras cuestiones, la normativa de seguridad y evacuación de personas en caso de incendio, además de vulnerar la normativa urbanística al tratarse de una nueva construcción que incrementaba el volumen de edificabilidad.

Es habitual que los ciudadanos –a menos que se encuentren directamente vinculados al sector– ignoren los vaivenes administrativos de su ciudad en materia urbanística, pero por la cuenta que les trae no deberían, puesto que las pifias urbanísticas les salen caras a los contribuyentes. 

En este caso, el Consello Consultivo ha concluido que el Ayuntamiento deberá indemnizar a Carrefour con 621.768 euros por haber tramitado una licencia que a posteriori ha resultado ilegal. Si bien se trata de una cifra sustancialmente inferior a los 1,65 millones de euros que en un principio solicitaba la compañía, lo cierto es que la negligencia del servicio de urbanismo de aquel entonces ha pasado una abultada factura a todos los coruñeses.

El Grupo de Negocio Inmobiliario y Construcción de ASCEGA lleva solicitando desde el 25 de octubre de 2022, al amparo de la Ley de Transparencia, el acceso al expediente completo con la finalidad de obtener información clara y detallada sobre las actuaciones administrativas que han dado lugar a unas indemnizaciones que superan el medio millón de euros. Sin embargo, tras reiterados intentos, el Ayuntamiento ha venido rechazando la petición porque sostiene que el expediente todavía se encuentra en tramitación y, por ende, no es posible acceder a él.

La última solicitud fue remitida el pasado 12 de enero de 2023 y, no habiendo obtenido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento, ASCEGA denunció lo acontecido ante la Valedora do Pobo. Siguiendo con el procedimiento, la Valedora do Pobo requirió al Ayuntamiento el 28 de marzo de 2023 para que en un plazo de 15 días facilitase información sobre su negativa. No obstante, el Ayuntamiento de A Coruña continúa sin dar respuesta, a pesar de haber sido requerido en una segunda ocasión el pasado 4 de mayo de 2023.

Según afirma ASCEGA, los coruñeses tienen el derecho a conocer las razones por las cuales una parte del erario se destina a cubrir indemnizaciones casi millonarias. No obstante, con la forma de proceder del Ayuntamiento, el ejercicio de ese derecho se ve vulnerado, pues se obstaculiza la fiscalización de su actuación por parte de la ciudadanía coruñesa.