García Ortiz no es apto para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado y en cualquier país medianamente democrático hubiera sido removido de su cargo hace tiempo.

El actual Fiscal General del Estado tiene en su haber el dudoso honor de haber sido el único detentador del cargo que ha merecido la reprobación no sólo de la Cámara Alta, esa que ha denostado el Ministro de Justicia como si el Senado fuese de segunda división, sino también el rechazo generalizado de todos los operadores jurídicos que, directa o indirectamente, se han cruzado en su camino. 

Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, fue el responsable de la acusación pública en el caso del Prestige, que contó con una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de A Coruña y una condena mínima para el capitán del barco por parte del Tribunal Supremo

Más allá de las consideraciones sobre su valía, pues tampoco es un jurista especialmente destacable – no olvidemos que fue el responsable de la acusación pública en el caso del Prestige, que contó con una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de A Coruña y una condena mínima para el capitán del barco por parte del Tribunal Supremo – su mandato está salpicado por la polémica desde el mismo momento en que accedió al cargo, amadrinado por Dolores Delgado. 

Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado, una de sus ministras, como Fiscal General del Estado y, cuando tuvo que abandonar el cargo por problemas de salud, promovió el nombramiento de su mano derecha, Álvaro García Ortiz, para sustituirla en el cargo

Pocas veces el acervo popular, determinante de que Dios los da, y ellos se juntan, ha tenido tanto de proverbial. Dolores Delgado fue Ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez y, sin solución de continuidad, pasó de dar mítines para el PSOE a ser nombrada por el mismo presidente como Fiscal General del Estado, en un ejercicio de nepotismo que ya anticipaba la forma de hacer política del Presidente: ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Cuando Dolores Delgado cesó, por problemas de salud, promovió a García Ortiz, que siempre ha sido uno de sus protegidos, para que la sucediese en el cargo, habida cuenta de que mantendría la misma e incondicional obediencia a su Presidente que había mostrado su predecesora. García Ortiz, en indisimulado agradecimiento, promovió posteriormente a Dolores Delgado a la categoría de Fiscal de Sala (la categoría más alta dentro de la Carrera), nombramiento que fue anulado por el Tribunal Supremo en una histórica sentencia en la que atribuyó a García Ortiz haber actuado con desviación de poder. Textualmente.

Álvaro García Ortiz devolvió el favor a Dolores Delgado, nombrándola Fiscal de Sala, pero fue anulado por el Tribunal Supremo, que acusó al actual Fiscal General del Estado de haber actuado con desviación de poder

Haciendo gala de una costumbre ibérica que consiste en mantener y no enmendar, el Fiscal General no sólo no dimitió, sino que se aferró a su cargo pese a que el de Dolores Delgado era sólo la punta del iceberg de una multitud de escándalos, a cual más vergonzante. Así, en noviembre del pasado año, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró a García Ortiz inidóneo para el cargo, a consecuencia, entre otros motivos, de la sentencia del Supremo sobre su desviación de poder. Este hecho es histórico, pues nunca hasta la fecha se había considerado a un candidato como no adecuado para el cargo por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Foto. Álvaro García Ortiz, junto a Dolores Delgado, ha sido considerado NO idóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, entre otros motivos, por la sentencia del Supremo sobre su desviación de poder en el nombramiento de la exministra socialista

Posteriormente, el mismo Tribunal Supremo decide continuar las causas contra Puigdemont y Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con el caso Tsunami, pese a que desde la Fiscalía General del Estado – en este caso, a través de su segunda de a bordo, Ángeles Sánchez Conde – se luchó con uñas y dientes para rebajar la importancia de los hechos imputados a los dos investigados. Algo inaudito en una institución que debe perseguir el delito, y que, según quien sea el afectado, parece más empeñada en proteger al presunto delincuente. 

La Fiscalía General del Estado ha luchado para rebajar la importancia de los delitos de terrorismo en el caso Tsunami, por recurrir la apertura de la causa contra la mujer del Presidente de Gobierno y por amparar la filtración de correos electrónicos que afectan al novio de Ayuso

De esto último, dan buena muestra los movimientos recientes de la Fiscalía que, siguiendo directrices de su máximo responsable, se ha afanado en recurrir la apertura de la causa contra la mujer del Presidente del Gobierno y en intentar proteger del acecho judicial la ignominiosa filtración de los correos electrónicos, que mantuvo la Fiscalía de Madrid con el Abogado de la pareja de Díaz Ayuso en la negociación de un posible acuerdo de conformidad. 

Cuando a García Ortiz se le preguntó por el asunto, dijo que asumía en primera persona la responsabilidad de la nota de prensa en la que se filtraba la conversación secreta. Lo sorprendente es que cuando el Juez instructor de la causa, incoada por una posible revelación de secretos, ha solicitado a la Fiscalía la identificación del responsable de la filtración, esas declaraciones parecen haberse evaporado…

García Ortiz asumió la autoría de la nota de prensa que filtraba las conversaciones secretas del abogado del novio de Ayuso, hasta que el Juez Instructor de la causa solicitó la identificación del responsable de la filtración y el Fiscal General del Estado mantiene un silencio atronador

De la insólita recusación de los Magistrados que habrán de decidir si es competente para el cargo, sobran comentarios.

García Ortiz no es apto para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado. Y en cualquier país medianamente democrático hubiera sido removido de su cargo hace tiempo. Si eso no sucede es porque, precisamente, el responsable de su nombramiento – y de su necesario cese – le necesita para seguir una hoja de ruta que le permita colonizar La Moncloa durante el mayor tiempo posible. Aunque sea a costa de nuestra calidad como estado liberal.