Por Juan Manuel Fernández Martínez

Magistrado y Vocal del Consejo General del Poder Judicial

En España no hay presos políticos. Empiezo por lo más obvio porque toda la negociación a la que estamos asistiendo, en lo referente a la amnistía, y ahora al lawfare, gira sobre esta idea falsa.

En España no se ha perseguido a nadie por sus ideas políticas, las causas penales relacionadas con el proceso secesionista catalán se instruyeron y juzgaron por haber acudido a vías de hecho, por haber intentado dejar sin efecto el ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y del Tribunal Constitucional, a través de medios inaceptables en un Estado de Derecho.

El proceso penal no se ha utilizado nunca, en Democracia, por ningún juez o Tribunal español como instrumento de persecución política. Esto es radicalmente falso. La mejor evidencia de esto es que durante la tramitación de dichas causas, y hoy en día, políticos de la misma ideología y de los mismos partidos que quienes fueron condenados, exponen sus ideas separatistas, con absoluta libertad.

La amnistía no solo borra los efectos del delito, sino que viene a legitimar las conductas sancionadas, considerando ilegítimas las condenas impuestas al haberse aplicado una ley que se reputa ahora injusta. Esto lleva a considerar a los Tribunales de Justicia como órganos de represión del ejercicio de derechos cívicos, y por tanto contrarios a lo que se espera de ellos en una sociedad democrática. La expresión que culmina este proceso deslegitimador es la denominada lawfare, contenida en el pacto firmado entre el Partido Socialista y Junts, y hasta ahora prácticamente desconocida para nosotros. La expresión alude al uso espurio de la ley de los Tribunales para la persecución política, por lo que anudarla a la amnistía, como se hace en el pacto de investidura firmado en Bruselas, supone extender la sombra de la sospecha sobre los jueces, que, para colmo, van a ver ahora sometidas sus decisiones al examen de comisiones de investigación. No cabe mayor vulneración de la divisa esencial de una Democracia, la separación de poderes.

No hay Democracia sin Estado de Derecho, y no hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente, y ambas circunstancias existen en España, al menos hasta ahora. La legislación aplicada en las causas secesionistas emanó de las Cortes, órgano absolutamente democrático, y se plasmó en el llamado Código Penal de la Democracia, cuyo impulso político correspondió al Gobierno socialista.

Los jueces españoles no servimos a otro interés que al de la ley, la sujeción al principio de legalidad, de la que emana nuestra legitimidad democrática, es nuestra única referencia.

La separación de poderes es esencial en una Democracia, la expresión anglosajona, checks and balances, es expresiva de esta idea: controles y equilibrios entre los poderes del Estado. Este equilibrio se pone en serio riesgo, y con ello el Estado de Derecho mismo, si los otros poderes invaden el ámbito propio de los Tribunales de Justicia. Por ello constituye una irresponsabilidad, de la que se pueden derivar graves consecuencias, alterar el equilibrio entre los poderes, equilibrio que nuestra Constitución no solo proclama, sino que también preserva.

Y un apunte para acabar. Aquí no se trata de una pugna entre políticos y jueces, no. Lo que está en juego es el estado de Derecho y, por tanto, el bienestar, la convivencia pacífica, el desarrollo económico y los derechos y libertades de todos los ciudadanos, porque sin respeto a la ley solo hay caos e injusticia social.