El pasado 5 de septiembre la principal empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí, Saudí Telecom (STC) adquirió el 9,9% de Telefónica. La compañía árabe, dependiente del gobierno de su país, se hizo con el 4,9% del capital social de la española y utilizó un instrumento financiero para el otro 5%. Es decir, una parte de la adquisición de STC es indirecta y se ha realizado mediante la multinacional financiera Morgan Stanley. Este movimiento tiene sus razones.

La conocida como Ley antiopas del Gobierno dificulta que una empresas extranjeras se hagan con más de un 10% de una compañía española. Por ello, la compra de STC no ha superado ese porcentaje. Sin embargo, una de las excepciones a esa norma reside sobre aquellas mercantiles que ofrecen sus servicios al Ministerio de Defensa por considerarlas estratégicas. En este caso, la adquisición no podría superar el 5%. Telefónica y sus filiales poseen numerosos contratos con los que proveen a este organismo. Esto podría resultar problemático. Sin embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, la ‘teleco’ saudí sólo controla de manera directa el 4,9% de la sociedad del Ibex 35.

El movimiento vino motivado por la intención de los dirigentes STC de diversificar sus inversiones. La empresa arabe está apostando por expandirse alrededor del mundo. Ciertamente, el interés de los saudíes por Telefónica refleja cierta sobriedad tanto en las cuentas de la mercantil del Ibex como en su proyección de cara al futuro. De hecho, las acciones de la ‘teleco’ se revalorizaron en Bolsa un 2% tan sólo en la apertura del 6 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre, los títulos reaccionaron a la compra con un aumento de más del 8% de su valor.

Desde entonces, el Gobierno se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el tema. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de SUMAR, ha rechazado públicamente la operación e, incluso, se ha acercado a aquellos que pedían el control público de la sociedad. Los miembros del Ejecutivo del PSOE, en cambio, se han centrado en repetir que el movimiento iba a ser revisado con el objetivo de preservar la seguridad nacional, algo mencionado, incluso, por el propio Pedro Sánchez. Nadia Calviño, coruñesa y ministra de Asuntos Económicos, ha insistido también en que, hasta la fecha, no tiene constancia formal y oficial sobre la adquisición saudí.

Sin embargo, hay cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, el pasado 15 de septiembre Patricia Sanz, redactora jefe de economía en el periódico Okdiario, desveló que 72 horas antes de la operación el ministro de Defensa de Arabia Saudí había realizado una visita extraoficial a España. El hermano del príncipe heredero aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el 2 de septiembre. Evidentemente, este viaje tuvo que contar con el permiso de la Administración dado que la toma de tierra no se realizó en un aeropuerto comercial.

Además, STC comunicó oficialmente el pasado 8 de septiembre a la CNMV la adquisición de Telefónica. Lo importante de este movimiento es que no es obligatorio a menos que se busque tener el derecho de ejercer derechos políticos sobre la compañía comprada. No obstante, la empresa arabe ha reiterado que no tiene intención de controlar ni gobernar a la española, pero, como se ha mencionado, sus acciones han abierto esa posibilidad.

La polémica está servida. Algunos opinan que la operación puede ser una injerencia de un estado extranjero sobre una compañía extremadamente clave para la defensa nacional. Otros, en cambio, creen que la operación da valor al sector español y ofrece una mejora de la reputación. Lo cierto es que, por ahora, la situación no es definitiva.