Álvaro García Ortiz, fiscal General del Estado nombrado por Pedro Sánchez, ha dicho que no piensa dimitir si es investigado por un delito de revelación de secretos.
A lo largo del desempeño de nuestra democracia, ya no tan joven, las instituciones se han poblado en sus ámbitos representativos con personajes de muy distinto calado, algunos absolutamente dignificantes del cargo y otros, por desgracia, indignos de ocupar el puesto para el que graciosamente han sido designados, a menudo por el inatacable mecanismo del movimiento digital, o sea, a dedo.
Dentro de esta última especie, destacan en el panorama actual un buen número de sujetos cuyo único mérito para ostentar su cargo es la proximidad al presidente del gobierno, directamente desde la militancia más indisimulada (Tezanos, Armengol…), o a través de la simpatía personal, porque, de no existir ésta, es posible que el agraciado no hubiera accedido jamás al puesto. Y ahí tenemos al fiscal general del Estado, un jurista al que no se conocen méritos, más allá de esa cercanía a Pedro Sánchez, quien no dudó en verbalizar de quién dependía el organismo en cuestión.

Foto. García Ortiz ha sido considerado inidóneo por el CGPJ, condenado por desviación de poder por el Tribunal Supremo y, posiblemente, será el primer fiscal general del Estado investigado por un delito de revelación de secretos
García Ortiz ha sido considerado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial para ocupar el puesto que ocupa, y ha sido condenado por desviación de poder por el Tribunal Supremo al beneficiar en un nombramiento ilegal a su predecesora en el cargo, la anterior ministra Dolores Delgado. Por si esto no fuera suficiente para presentar una dimisión, que más que exigible es obligada, resulta que se va a convertir en el primer fiscal general del Estado en nuestro país que resultará, salvo sorpresa mayúscula, investigado por un delito de revelación de secretos.
García Ortiz reconoció que dio la orden de difundir la nota de prensa que contenía comunicaciones secretas entre las partes implicadas en un proceso judicial y se permite el lujo de recusar a los Magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre su continuidad en el cargo
Si esto ya es grave, no menos destacable es la actitud que ha tomado el personaje en cuestión ante un eventual encausamiento: lejos de anunciar una investigación interna y dimitir o, al menos, poner su cargo a disposición de su ascendente político, García Ortiz se ha enrocado y, por una parte, afirma con total naturalidad que dio la orden de difundir la famosa nota de prensa que contenía comunicaciones secretas entre las partes implicadas en un proceso judicial; y, de la otra, se permite el lujo de recusar a los Magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre su continuidad en el cargo. Para rematar lo grotesco de esta historia, esa recusación ha sido rechazada por “extemporánea” lo que confirma el desdoro que supone para la institución su permanencia al frente de la misma.

Foto. Álvaro García Ortiz pasará a la historia como el fiscal general del Estado que fracturó la Junta de Fiscales de Sala en el espinoso asunto de la amnistía a los secesionistas catalanes
Si por algo se ha significado García Ortiz, en su breve pero convulso mandato, ha sido por la adscripción política de todas sus actuaciones. Jamás un Fiscal había hecho tanto por la mano que le da de comer, asumiendo incluso en primera persona la comisión de hechos presuntamente delictivos, con tal de mantener el favor de su amo. Y esto es peligroso, no sólo para la institución que representa, sino para el propio implicado, pues de todos es conocida la falta de empatía de Sánchez con quien ya no le es útil. Desde Ábalos a Redondo, hay unos cuantos ilustres soldados que han depuesto sus armas cuando dejan de interesar a los fines autócratas del presidente del gobierno.
García Ortiz corre el riesgo de terminar sufriendo el “síndrome del kleenex”, como Ábalos y Redondo, cuando Sánchez considere que ya no es útil a sus intereses
La posición de García Ortiz sería insostenible en cualquier democracia europea. En los países de nuestro entorno un primer ministro dimite porque su nombre aparece en un sumario por corrupción, aunque luego se demuestre que dicha aparición era una lamentable coincidencia nominal; un cargo político abandona sus responsabilidades en medio del escarnio público y la vergüenza propia porque se descubre que, treinta años atrás, hizo propio un trabajo ajeno.
La posición de García Ortiz sería insostenible en cualquier democracia europea, pero sigue fielmente el dictado de su amado líder. Todo sea por una coqueta sonrisa, una mano en el hombro, y un cargo inmerecido
Aquí, lejos de asumir una mínima responsabilidad, los implicados se agarran al cargo como si no hubiera un mañana, conscientes de que, finalizado el sanchismo, hará mucho frío fuera de la política. Y lo triste es que estemos hablando en estos términos no de un concejal tránsfuga, sino del mismísimo fiscal general del Estado, aquel que tiene como fin en su trabajo velar por el interés público y el cumplimiento de la ley, y que ha mutado sus obligaciones para convertirse en el socio fundador del bufete privado de la Moncloa. Para desgracia de propios y ajenos.
Cuántos abogados penalistas querrían tener enfrente al fiscal general del Estado o a cualquiera de sus adláteres, pidiendo el archivo de las causas justo después de incoarse o insistiendo con vehemencia en amnistiar a quien ha delinquido con saña. Todo sea por una coqueta sonrisa, una mano en el hombro, y un cargo inmerecido.