Los bancos no se pueden beneficiar del sufrimiento de los ciudadanos por eso les vamos a poner un impuesto, pero ¿qué hay a cambio?

En febrero de 2023 entró en vigor unos nuevos impuestos enfocados en el sector bancario y energético. Ambos impuestos tienen un carácter temporal y se aplicarán durante los años 2023 y 2024. En este punto hay que esbozar una sonrisa recordando la frase del economista estadounidense Milton Fridman que decía “nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno”. Este impuesto temporal presupuesta recaudar unos 1.500 millones de euros a la banca y unos 2.000 millones a las energéticas.

En este artículo nos centraremos en el impuesto a la banca, que se fija en un 4,8% sobre los intereses más comisiones netas. Para entender el impuesto a la banca, hay que enfocarlo en la actual crisis que están pasando las familias por las subidas del Euribor, que encarece las hipotecas firmadas a tipo variable. Estos votantes piden ayuda para paliar esa subida y, como no existe ninguna alternativa jurídica posible, piden al gobierno algún tipo de medida contra los bancos, que son quienes están disfrutando de esa subida del Euribor. Es por ello que, como medida apaciguadora de masas, el Gobierno de España impone este impuesto que no responde a ningún tipo de criterio académico sobre economía o fiscalidad.

Ahora bien, a pesar del odio que se profesa hacia los bancos por sus conductas pasadas, no hay que olvidar que son necesarios para la economía y para el Estado por dos razones. La primera es que los bancos son el vehículo a través de los cuales se canaliza la política monetaria emitida por el Banco Central Europeo, permitiendo la financiación y que la sociedad avance a una velocidad mayor a la que existiría sin financiación. La segunda es relativa al Estado, pues los bancos compran la mayor parte de deuda pública que emiten los países.

Por lo tanto, para que se entienda fácil y a modo de chantaje, que es como suelen funcionar las negociaciones, ante la propuesta del Gobierno de aplicar un impuesto a la banca, ésta podría amenazar con dejar de comprar la deuda que emite el Reino de España. Si no compran la deuda, no hay liquidez para las políticas del Gobierno más caro de la democracia, por lo que aquí la pregunta es ¿qué ha recibido la banca a cambio de haber accedido a la imposición de un impuesto?

Pues resulta, que en plena campaña electoral nuestro presidente anuncia un aval del Estado de hasta el 20% de las hipotecas para jóvenes y grupos familiares con rentas bajas (unos 16 millones de personas) ¿pero esto qué tiene que ver? Muy sencillo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará a las personas con rentas bajas y jóvenes para que pidan una hipoteca ¿y por qué las personas con rentas bajas y a jóvenes? Porque son a los grupos de población a los que los bancos no les dan crédito por considerarles perfil de riesgo. De esta manera el Estado avala a estos ciudadanos para que se les otorgue crédito.

¿Se acuerdan de los créditos ICO del COVID que también estaban avalados? Pues resulta que cuando el titular del crédito no puede pagar, entra el avalista, que en éstos casos es el Estado. ¿Qué pasará cuando tanto jóvenes como familias con bajos recursos no puedan pagar sus hipotecas? Pues lo mismo que con los préstamos COVID, que el Estado asume las pérdidas. O, dicho de otro modo, los bancos prestan dinero un tipo de interés muy superior al riesgo que asumen.

En este juego salen todos ganando menos las generaciones del futuro. En primer lugar, los ciudadanos furiosos porque les han subido la hipoteca se sienten acompañados por el Gobierno, ya que está “castigando” a los bancos; eso sí van a tener que seguir pagando su hipoteca de igual manera. En segundo lugar, el Gobierno se pone una medalla de que está instaurando impuestos para “repartir riqueza”. En tercer lugar, los bancos asumen el impuesto, pero a cambio empiezan a dar préstamos con un riesgo mitigado por el Estado, igual que durante la pandemia. Los beneficiados con una hipoteca estarán felices por poder adquirir un inmueble y pagar todos los impuestos asociados a ello. Una vez más, el único estafado es el erario y las generaciones del futuro, que tendrán el pronombre que quieran, pero ni un euro.

Hemos comenzado este artículo con una frase evocadora del economista Milton Fridman por lo que es adecuado terminar con otro pensamiento suyo en relación con lo presentado en este documento: “Mucha gente se queja del despilfarro público, pero yo lo doy por bueno, por dos razones. En primer lugar, la eficiencia no es nada deseable si alguien está haciendo algo malo. El Gobierno hace cosas que no queremos que haga, de modo que cuando más dinero despilfarre, mejor. En segundo lugar, el despilfarro lleva a los hogares de la gente el hecho de que el Gobierno no es un instrumento eficiente y efectivo para conseguir sus objetivos. Una de mis esperanzas es la desilusión creciente con la idea de que el Gobierno es ese hermano mayor siempre sabio, todopoderoso, que puede resolver cualquier problema que salte en el camino”

No olvidemos que en este caso en particular existe un problema tanto a nivel estatal como a nivel de educación financiera del ciudadano. Y es que si los que ahora ponen su voz en grito, hubieran elegido una hipoteca a tipo fijo, este problema no sucedería. El problema viene porque en su momento, una hipoteca fija era más cara que una variable, y en ese momento no se quejaron de pagar menos. Es el mismo caso de las acciones preferentes, en nuestra memoria solo hay pobres abuelos engañado, nunca nos acordamos de que durante años estuvieron ganando el 7%. Ya sea en preferentes o en hipotecas, la población española en general, no tiene unos conocimientos financieros mínimos para adquirir estos productos ni para asumir sus consecuencias.