El pasado fin de semana, nuestra flamante vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno de España va a prohibir el desempeño de ciertas actividades laborales al aire libre cuando existan alertas por temperaturas extremas. Estoy de acuerdo con la medida. La protección y la salud de los trabajadores ha de ser siempre una cuestión prioritaria, que hay que poner por delante de cualquier otra consideración.

Pero hubo un dato que me llamó especialmente la atención en el anuncio de la vicepresidenta. Y es que para ilustrar, enfatizar y argumentar las razones que han llevado al Ejecutivo a implantar esta medida citó explícitamente a los limpiadores y a los barrenderos. (Nota: No escribo los dos géneros para evitar redundancias pero se sobreentiende que me refiero a quienes desempeñan esta actividad con independencia de su sexo). “Ya hemos visto muchos episodios muy graves en la limpieza y recogida de basuras, donde han fallecido personas por golpes de calor”, declaró Yolanda Díaz.

Qué curioso que escoja precisamente esas dos actividades. Mi pregunta es: Si esos trabajadores son esenciales, así como lo son los servicios que prestan, ¿por qué en la mayoría de los casos son personas que no están contratadas directamente por el ente donde desempeñan su actividad laboral o por la Administración a quien ese ente corresponde, sino que están subcontratados por empresas externas?

Pues porque siempre ha habido clases y tropa.

En estas últimas semanas estamos viendo como se suceden las reivindicaciones y las amenazas de huelga de empleados públicos de diversos sectores. También manifiestan su disconformidad y sus reclamaciones quienes aún no son funcionarios pero desempeñan como interinos funciones por las que consideran que sí deberían serlo. Es el caso por ejemplo, de los profesionales de la enfermería, que exigen la consolidación de su trabajo. Y se la exigen, lógicamente a la Administración. A ellos no les vale que los subcontrate una empresa externa, aunque sea con un contrato fijo. No, lo que reclaman –y no diré yo que sin derecho- es que sea la administración pública quien los asuma como trabajadores.

Pues bien, me llama la atención que nadie –ningún colectivo, ningún sindicato, ninguna asociación- reivindique ese mismo derecho a ser empleado público para esos otros profesionales a los que hasta la propia Yolanda Díaz reconoce como esenciales pero que tienen que padecer las muchas veces injustas condiciones impuestas por la empresa subcontratante. O la que subcontrata la subcontratante. 

Porque sí, nadie cuestiona la esencialidad de los sanitarios en un hospital o de los contables en un ayuntamiento. Pero igual de esencial es la persona que limpia los aseos -¿se imaginan un centro sanitario en el que durante una semana no se limpiasen los váteres?- o quien barre nuestras calles. Pues no estaría de más reclamar para ellos los mismos derechos. 

No olvidemos nunca que es la tropa el valor más grande de cualquier ejército. Y otro tanto ocurre en nuestra sociedad.