La causa de los ERE fue instruida por tres jueces, juzgada por un tribunal colegiado y confirmada por el Supremo. Ahora el Constitucional, asumiendo funciones que no le competen, asegura que todos estaban equivocados y que ningún dirigente socialista es responsable de robar 680 millones de euros de dinero público

Si ha habido un caso de corrupción en democracia que hace palidecer a todos los demás, ese ha sido el llamado “caso de los ERE”, que, en todas sus vertientes, piezas y procedimientos derivados, ha constatado la concurrencia de una red clientelar, tejida y perfeccionada durante años, de gobiernos socialistas en Andalucía. Su única finalidad era derivar fondos públicos a intereses privados, bajo la apariencia de proteger a quien lo necesitaba, pero disponiendo de forma abusiva, torticera y mendaz de los recursos generados por ciudadanos y empresas en beneficio de unos cuantos, asegurando con ello una suerte de poder casi a perpetuidad. 

La estrategia de “despellejar” a la jueza Alaya es prácticamente calcada al acoso y derribo que está sufriendo en la actualidad el juez Peinado

Las cifras del latrocinio agotan todos los calificativos, en una línea que trasciende del escándalo al bochorno pasando, como no puede ser de otro modo, por el hacer criminal. Así, hasta desviar más de 680 millones de euros. Quien esto escribe, peinando canas y habiendo convivido bajo el reinado de la peseta, es incapaz de convertir la cantidad a nuestra vetusta ex moneda.

La instrucción de las piezas fundamentales del caso fue heroicamente tramitada por la célebre Jueza, a su pesar, Mercedes Alaya, quien se encontró con todo tipo de dificultades procedentes de los mismos poderes públicos a los que investigaba, en un guiño del pasado que viene muy al caso a la vista de los recientes acontecimientos que asolan a nuestro (todavía) presidente del Gobierno, y a la encendida defensa que hacen de sus postulados los acérrimos sirvientes de su gabinete. 

Foto. El Tribunal Constitucional ha anulado las condenas impuestas en 2019 a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE.

Finalizada la instrucción, la Audiencia de Sevilla ha juzgado las diferentes piezas que lo integraban, emitiendo sentencias de condena, cuyo contenido es bien conocido, que concluyeron, sin género de dudas, la comisión permanente de delitos por parte de figuras muy notables del PSOE, entre ellas Manuel Chaves, José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Supremo, y aquí es donde, una vez más, y como profetizaba Marx, la Historia ocurre dos veces, primero como tragedia, y luego como farsa. Hoy toca analizar la primera y, si nadie lo remedia, en unos meses tendremos que valorar la segunda, si el Tribunal Constitucional acaba convalidando la inconstitucional Ley Orgánica de Amnistía.

Pumpido y el bloque de jueces “progresista” ha blanqueado a Chaves, Griñán y a la exministra Magdalena Álvarez, entre otros, y nada hay de progresista en condonar el castigo al afín, por el solo hecho de serlo

Volviendo a los ERE, los Tribunales (dignos de llamarse así) han juzgado hechos de una gravedad notoria, anudando a los mismos, en tanto que delictivos, penas igualmente onerosas. Sin embargo, nada bueno hacía presagiar el adelanto que Sánchez nos brindaba en un acto de desagravio en el que dejó entrever que la inefable Magdalena Álvarez, tan querida por los gallegos tras referirse al plan post-Prestige en términos escatológicos, saldría airosa en su recurso de amparo. 

A los pocos días, el Tribunal Constitucional confirmaba el vaticinio del jefe del ejecutivo, y anulaba las Sentencias de condena, ordenando el dictado de una nueva resolución que garantizase las directrices que, en vía revisora, impone el Tribunal de Garantías. El proceso se ha repetido con los demás condenados (bueno, en realidad, con los importantes), cumpliendo así Conde Pumpido, apoyado por el mal llamado bloque progresista, con el mandato de quien le nombró. Nada hay de progresista en condonar el castigo al afín, por el solo hecho de serlo.

Foto. Pedro Sánchez ejerció de adivino y pronóstico el éxito del recurso de amparo de la exministra Magdalena Álvarez antes de que fuese oficial.

La labor del TC queda muy en cuestión, pues de todos es sabido que no es un órgano judicial y que su función se debe limitar a cuanto tiene que ver con la violación de derechos constitucionales, quedando vedada, dentro de sus funciones, cualquier intromisión en la labor judicial que implique revisar hechos probados o la aplicación a éstos de consecuencias jurídicas de legalidad ordinaria. 

Sin embargo, el TC, en una loca carrera por horadar en tiempo récord su propio prestigio, no ha dudado en invadir competencias judiciales para enmendar al Tribunal Supremo y a la Audiencia Provincial de Sevilla, en una serie de pronunciamientos nunca antes vistos. Y esto no es apasionamiento jurista, sino constatación de la realidad. El Tribunal Constitucional acude al rescate de los delincuentes próximos al Gobierno, haciendo de su función una opción personal que puede ser respetable, y hasta lícita, si uno es Abogado, pero no cuando se presume la imparcialidad, objetividad y ecuanimidad de un órgano que, por su propia naturaleza, no puede ir más allá de lo que le encomienda la Norma Fundamental. Que se lo digan al yerno del Rey emérito o a los implicados en Gürtel, cuyos recursos de amparo ni siquiera fueron admitidos a trámite.

El mayor caso de corrupción en la historia de España, perpetrado por un gobierno socialista, donde se malversaron 680 millones para perpetuarse en el poder, ha sido borrado de un plumazo y sus máximos responsables han sido “indultados” 

Lo peor de todo esto es que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, aunque algunos nos neguemos a ello. Y afortunadamente, entre los que nos negamos, también hay juristas de enorme prestigio, comenzando por los integrantes de la misma Sala Segunda del Supremo que, pese a la inaceptable actitud del Tribunal Constitucional, no han dudado en someter a su consideración la ya comentada Ley de Amnistía afirmando, que no preguntando, su rotunda inconstitucionalidad. 

Esperemos a ver cómo recoge Pumpido el guante y hasta qué punto está dispuesto a degradar su carrera como jurista en el ocaso vital, con tal de que su jefe, detentador cada vez más precario de la Moncloa, siga disfrutando del cargo.