Susana Catalán Morcillo

Concejal del PP – Ayuntamiento de A Coruña

 

Como ya hemos visto en artículos anteriores, con el gobierno municipal socialista nada es fortuito, pese a lo cambiantes que pueden ser las opiniones a veces.

Las primeras estadísticas sobre criminalidad de 2023, lanzadas por el Ministerio del Interior, llegaron justo después de las elecciones del 23J y, tras la nueva publicación de las relativas al tercer trimestre, el Gobierno municipal vuelve a aludir al descenso de la criminalidad en un 6%.

Se abre la puerta, por tanto, a una interpretación triunfalista de los datos, de tal forma que se vuelve a ocultar el problema real de inseguridad ciudadana y se insiste en darle un aura de optimismo indolente, calificando la grave preocupación vecinal que existe en los barrios como de mera “sensación” de inseguridad.

Pese a la insistencia del Grupo Popular, a través de la moción presentada en el pleno de septiembre, para combatir de manera eficaz y definitiva los problemas de inseguridad que padecen los vecinos, comerciantes y hosteleros de muchos barrios, la respuesta fue muy rácana. Para esquivar este grave problema que preocupa y mucho a los barrios, de forma vergonzante, PSOE y BNG presentaron una enmienda descafeinada sobre seguridad ciudadana, lo que impedía sacar adelante las propuestas populares en las que se recogían las peticiones vecinales: mayor presencia policial en las calles, convocar nuevamente, y después de casi dos años de retraso, la Junta Local de Seguridad, así como crear una mesa de diálogo directo entre la Administración Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los vecinos, comerciantes y hosteleros afectados por la inseguridad. Queda claramente demostrado el absoluto desinterés de este gobierno municipal por sus vecinos en materia de seguridad ciudadana: negacionismo en estado puro y escurrir el bulto.

Pero la letra pequeña de las estadísticas indica que siguen aumentando los delitos contra la libertad sexual (un 4,4%), los robos con violencia e intimidación (un 9,4%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (un 7,1%) y el tráfico de drogas (un 23,5%). Los delitos que nos preocupan a todos no son de la incumbencia del gobierno municipal socialistas y de sus socios nacionalistas.

La pregunta sería: ¿se sienten realmente seguros los ciudadanos coruñeses o solo se sienten seguros los concejales de gobierno? y sobre todo, ¿cómo es posible que el gobierno municipal siga negando que A Coruña es la ciudad más insegura de Galicia?

Ya se han presentado por registro dos iniciativas vecinales, con recogida de miles firmas incluida, en las que ponen de manifiesto, entre otras peticiones, que quieren unos barrios más seguros. Que les cuenten a los afectados cómo superar esa “sensación de inseguridad” que proclama la alcaldesa, mientras no pueden ni acudir a denunciar porque no pueden abandonar su negocio o su trabajo y asisten indefensos a la reiteración de los delitos antes mencionados a lo largo del tiempo en su entorno más cercano.

Desde el Partido Popular pedimos la creación del Consejo Local de Seguridad, como viene recogido en el artículo 13 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad. Se trata de una herramienta de comunicación directa entre la Administración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y los representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social, con el fin de iniciar un camino hacia una solución consensuada y favorable para todos.

Como siempre, gobierno municipal y Subdelegación de Gobierno echan balones fuera y adoptan la callada por respuesta. Los vecinos siguen exigiendo soluciones y los concejales del Partido Popular seguiremos poniendo voz a la realidad de los barrios.

 

Susana Catalán Morcillo

Policía Local del Ayuntamiento de A Coruña en excedencia especial. Trabajó en la Unidad de protección de víctimas de violencia de género.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid.

Doctora en Lengua Española y perito judicial en Violencia de Género e Intrafamiliar

Distintivo de mérito por su trabajo durante la primera fase de la pandemia sanitaria del COVID-19 en 2020.

Distintivo de mérito en 2023 por su trayectoria profesional.