Los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas nos han dejado una clara lección: bajar impuestos gana elecciones. Y es que todas aquellas fuerzas que implementaron reducciones de tributos o que prometieron mantener esa línea han obtenido buenos resultados.

El caso más claro es el de Madrid. Allí, tanto su alcaldía como su gobierno autonómico han mantenido siempre una línea clara en política fiscal: la disminución de la presión impositiva. Almeida, por ejemplo, viene bajando IBI durante estos últimos cuatro años. Cuando entró en el consistorio dicho impuesto se situaba en el 0,510% y, tras varias rebajas, consiguió alcanzar el 0,456% al final de la legislatura. Los cálculos indican que los madrileños se han podido ahorrar hasta 600 millones de euros con todas las medidas que ha tomado su alcalde. Pero, además, durante la campaña prometió que se llegaría al 0,4%. También se comprometió a bajar el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) un 25%.

Sin duda, lo anterior ha sido clave para la doble mayoría absoluta que ha conseguido el PP madrileño. No obstante, esto se repite a lo largo del territorio nacional. Los primeros datos sobre el pacto que el Partido Popular ha llevado a cabo con Vox en Valencia para gobernar la comunidad nos indican que dicho gobierno va a mantener como prioritario el descenso del gasto público además de que se buscará eliminar Sucesiones y Donaciones, entre otros asuntos similares.

En Andalucía, Juanma Moreno ha aprobado una serie de rebajas fiscales que han llegado a convertir dicha autonomía en la segunda con menos tributos. De hecho, según han afirmado desde la Junta, la última reforma fiscal “dejará 360 millones extras en los bolsillos de los andaluces y que sumados a los 540 millones de las anteriores bajadas supone un total de 900 millones”. Dicha reforma constó de “tres ejes principales que son la bajada del IRPF, la bonificación del 100% al Impuesto de Patrimonio y la suspensión del canon del agua”.

Con la inflación el Estado ha llegado a alcanzar una recaudación histórica. Al aumentar los precios aumenta, también, la recaudación por IVA, por ejemplo. En esas circunstancias el Gobierno central no tomó ninguna medida efectiva durante un tiempo considerable y se aprovechó de la situación para llenar las arcas de la Agencia Tributaria. Esa subida de impuestos encubierta, sumada al gasto público desmesurado, ha sido uno de los motivos que han llevado a los ciudadanos a rechazar en las urnas al partido que gobierna. Con Podemos, además, sucedió algo parecido. Su campaña se basó en lanzar continuamente propuestas que llamaban a aumentar enormemente el gasto (supermercados públicos, viviendas públicas…) y a pedir que se suban los impuestos a empresas. La radicalidad de las promesas han podido ser uno de los factores clave para la práctica desaparición de la formación.

En definitiva, los ciudadanos cada vez solicitan una política fiscal responsable, con pocos impuestos, poco gasto y eficiencia. Se rechaza, a través de las papeletas electorales, toda aquella política que busque el aumento de la capacidad del Estado. La aspiración de los españoles es, cada vez más, parecerse a aquellos países que crean riqueza con una buena productividad en vez de a aquellos que subsidian a su pueblo manteniéndolos dependientes de la clase política. La última ola izquierdista está llegando a su fin tras la obvia decepción que han provocado cuando se ha visto que todas sus promesas, o bien eran irrealizables, o bien traían consecuencias nefastas. España, por culpa de eso y a diferencia de otros países europeos, sigue sin alcanzar su PIB anterior a la pandemia y se queda atrás.