La austeridad es necesaria, dado el permanente crecimiento de la deuda y la subida de los tipos de interés, pero compatible con las prioridades del gasto.
La propuesta de SUMAR de trasladar a la UE “el abandono de la austeridad” porque “el mantenimiento del 3 % de límite del déficit público y del 60 % para la deuda pública, sobre el PIB, no tiene fundamento económico”, ha enloquecido a algunos.
Bajo estos principios el independentismo catalán pide el “oro y el moro” para investir a Pedro Sánchez, y añade a las peticiones de amnistía y referéndum la condonación de su deuda con el Estado; “borrón y cuenta nueva”.
Naturalmente, surgen protestas en las CC. AA., pero la de Valencia – la segunda más endeudada con el Estado- se anima a pedir lo mismo.
Lo que los independentistas llaman “deuda histórica” del Estado con Cataluña, el resto de los españoles podríamos calificarlo de despilfarro para fomentar el soberanismo y de prodigalidad.
La deuda de la Generalidad de Cataluña con el Estado -sin considerar la que mantienen con instituciones financieras- ascendía a finales de 2022 a 72.000 millones de euros, la primera del Estado, y ha crecido permanentemente desde los 8.000 millones del año 2012.
Las comunidades de Madrid, Navarra y País Vasco no estaban endeudadas con el Estado a finales del año 2022. Pero las 17 autonomías superaban el límite de endeudamiento del 13 % sobre su PIB, fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012: Valencia más del 43 % y Cataluña más del 33 % de deuda sobre el PIB.
El resto de CC.AA. ponen el grito en el cielo, no ya invocando la solidaridad en la que se basa el Estado autonómico definido en la Constitución, sino la justicia.
Ningún partido político ha incluido en su programa electoral la posibilidad de condonar deuda a una comunidad autónoma; ¿cómo cabría definir hacerlo por interés partidista?
Es urgente armonizar el régimen autonómico y consensuar un sistema de financiación estable. Y a partir de ese momento cada Comunidad Autónoma debería gastar con realismo y responsabilidad.
Porque el adjetivo que se suele añadir a la financiación, “insuficiente”, es una expresión relativa e imprecisa, dada la desigualdad de población y su dispersión, las diferencias en las competencias transferidas, edad de la población, la eficacia en la gestión, la reducción de impuestos y otros factores. Reducir impuestos por razones populistas, cuando se superan los límites legales de deuda establecidos no debería tolerarse y gastar dinero público en chiringuitos de todo tipo y en lo que se llama publicidad institucional es un atentado al sentido común.
Parece justa y necesaria la armonización del régimen autonómico – sobre todo en materia impositiva- e impedir que los gobiernos reduzcan impuestos cuando superan los índices de endeudamiento establecidos.
Ahora bien, si se incumple ahora el límite de endeudamiento y no pasa nada, ¿por qué no vamos a pensar que también se incumpliría la prohibición que se propone, sin que pase nada?
El mapa autonómico no se puede desmontar, como algunos piden, pero sí se debe poner orden.
Lo racional es gastar según los recursos que se generan, máxime cuando la deuda del Estado es abrumadora y los tipos de interés siguen creciendo: el año pasado el Estado gastó más de 31 mil millones en intereses y este año se prevén 41 mil millones.
La austeridad es necesaria y compatible con las prioridades de gasto.
