Ciudadanos a título particular, autónomos, empresarios, futbolistas, actores y actrices parecen ser objeto de ‘persecución’ en muchas ocasiones por parte de algunos funcionarios la Agencia Tributaria, como lo ponen de relieve la sucesión de sentencias favorables a los contribuyentes que venimos conociendo en los últimos tiempos.

Un hostigamiento intolerable, motivado muchas veces por la búsqueda de una productividad que es incentivada, con el único fin de elevar la recaudación. De ese modo, a principios de abril, días antes de comenzar la Campaña de la Renta, Hacienda y Sindicatos firmaban un nuevo Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA) de adhesión voluntaria, pero que alcanza al 95% del personal de la Agencia Tributaria y que, en esta ocasión, contempla 12 pagos extraordinarios, dos más que el Plan anterior.

Así se activaba el ‘Ejercito Mercenario de Recaudación’, se levantaba la veda y empezaba la cacería. Por eso no es de extrañar que, a partir de ahí, algunos funcionarios actuasen de manera inapropiada excediéndose en sus funciones.

Sin embargo, cada vez son más numerosos los casos en los que los tribunales han fallado a favor de los contribuyentes, argumentando que Hacienda ha realizado actuaciones contrarias a los derechos de los ciudadanos, como vulnerar la inviolabilidad del domicilio o recopilar pruebas de manera ilegal.

También se han dado situaciones en las que los tribunales han encontrado irregularidades en la actuación de Hacienda, como errores en los procedimientos de inspección, falta de fundamentación en las sanciones impuestas o interpretaciones incorrectas de la normativa fiscal.

Contribuyentes particulares, autónomos y empresarios se encuentran continuamente en el punto de mira de la Agencia Tributaria, como si de delincuentes se tratara, que deben recurrir en muchos casos a la vía judicial para demostrar su inocencia, frente acusaciones infundadas en muchas ocasiones.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los ciudadanos que se ve con sus derechos vulnerados por parte de algún desaprensivo de la Agencia Tributaria no puede hacer frente a unos mínimos costes jurídicos para su defensa, aunque su recurso esté cargado de razón y con todos los visos de salir airoso de un procedimiento judicial.

Nos vemos entonces ante la indefensión total y absoluta del ciudadano, que queda sometido a la única interpretación de un funcionario, más motivado por sus bonus de productividad que por su condición profesional y, por supuesto, nos sentimos acosados.