La Unión Europea sigue sin tomar cartas en el asunto para garantizar la independencia del poder judicial en España o la resolución de la ilegalidad de la ampliación de la concesión de la AP-9 en Galicia.

Bien saben aquellas personas que siguen esta sección que, a buen seguro, una de las palabras que más veces ha aparecido en ella es “igualdad”. El asunto de la igualdad, de la no distinción entre las obligaciones y los derechos de unos y de otros, entendido y visto en cualquiera de sus escalas, es uno de mis caballos de batalla desde hace décadas.

Por ello, me congratuló hace unos días escuchar a nuestro presidente autonómico, Alfonso Rueda, defender en el Senado la importancia de preservar el principio de la igualdad en el Estado para formular políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, “viva en el territorio que viva”.

No puedo estar más de acuerdo con usted, señor presidente. Tan de acuerdo estoy que me complacería hasta límites insospechados que eso mismo que usted le reclama al Estado, respecto de la igualdad entre territorios autonómicos, se aplique a la igualdad dentro de las provincias de su autonomía.

Galicia no es una comunidad uniprovincial, como lo pueden ser Madrid, Asturias o Navarra. Galicia está formada por cuatro unidades territoriales o provincias y es precisamente atendiendo a esta división, como elegimos a nuestros representantes en el Parlamento de Santiago o en el de Madrid. Pues bien, ya que Rueda exige preservar el principio de igualdad en el Estado, se viva donde se viva, debería ser igual de exigente y cuidadoso con preservar ese mismo principio de igualdad dentro de las fronteras de Galicia. También “se viva donde se viva”.

Hay infinidad de indicadores y de datos que demuestran que, en los últimos 40 años, alguien se ha pasado por el forro el principio de igualdad respecto a las cuatro provincias gallegas. Hasta el punto de que la mayor parte de las grandes inversiones e infraestructuras, claves para el desarrollo, han tenido mayoritariamente por destino el territorio de A Coruña, en detrimento, claramente, del de Pontevedra. Baste recordar que a principios de los años 80, Pontevedra era la provincia que tenía los ayuntamientos de mayor renta de Galicia y, que a día de hoy, no cuenta con ninguno entre los diez con mayor riqueza de la comunidad autónoma.

Tal y como están las cosas, les aseguro que ya no sé dónde buscar refugio ni consuelo.

Otro tema recurrente en mis escritos, sobre todo en el último año, es el de mi apelación a la intervención de la Unión Europea para zanjar, de una vez por todas, cuestiones como la de la garantía de la independencia del poder judicial o la resolución de la ilegalidad de la ampliación de la concesión de la AP-9. Sin embargo, también en esa cuestión los hechos me sitúan en el escepticismo.

Me llamó la atención que, cuando hace unos días le preguntaron por el asunto de la amnistía a Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, este admitió estar “bastante preocupado” por hacia dónde están llevando los pactos al actual PSOE. Pero es que resulta que la presidenta de ese partido, cuya deriva tiene bastante preocupado al señor Borrell es, precisamente, su esposa, Cristina Narbona.

Con lo cual, yo que confío en Europa, cuando veo estas cosas, se me queda cara de gilipollas y pienso, pero ¿qué carallo de ranchitos se tienen allí montados? ¿Cómo voy a confiar en alguien así o en la institución que lo acoge y a la que representa?

Tal y como están las cosas, les aseguro que ya no sé dónde buscar refugio ni consuelo.